La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) se ha ocupado de revestir de un velo de misterio el operativo en que fueron incautados 3.3 millones de dólares y con relación al cual se detuvo a siete personas en una villa de Casa de Campo, La Romana. La cuantiosa suma de dinero, que sería recibida por los detenidos, quienes se desplazaban en una yipeta Land Cruiser Prado, fue detectada dentro de un yate anclado en la marina del complejo turístico.

Los detenidos son Herminio Mercedes, Alan Luis Quezada Santiago, Damián Enrique Rijo Brito, Juan Ubiera Mercedes, Junior Silvestre Silvestre, Fausto Ernesto Severino y Henri Manuel Ruiz. Pero la DNCD, si bien dijo que fueron retenidas otras embarcaciones, no establece la relación que guardan los apresados con la villa donde estaban ni el yate donde se encontró el dinero. Y no es porque lo ignore, si se toma en cuenta la declaración de que los detenidos eran observados desde hacía meses por agentes de la DNCD.

Si es así, se presta a conjeturas que la DNCD se abstuviera de revelar que la villa y la lancha pertenecen, según los digitales elsiglo21.com y Acento.com a los empresarios Rogelio Oruña y Alberto de la Cruz. La nota que da cuenta del operativo deja muchas interrogantes.

Chivo expiatorio

Para cumplir la ley que asigna un 4% del Presupuesto a la educación preuniversitaria, el Gobierno tuvo que recurrir a una reforma fiscal, sin prescindir, ni siquiera para guardar las apariencias, de las botellas que inundan el erario con sueldos ofensivos. Ni mucho menos tocar privilegios tan irritantes como el barrilito y las dietas de los legisladores o la escandalosa nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores, que para colmo en 2012 se incrementó en un 25%. Sin embargo, el chivo expiatorio para justificar que no se pueda satisfacer un aumento a los militares ha sido el 4%. El ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Pared Pérez, expuso que los 54 mil militares no tendrán aumento salarial porque el presupuesto de la cartera fue recortado en 90 millones de pesos para cumplir con la ley de educación. Pero es casi seguro que ni Pared Pérez se ha planteado si la cantidad de soldados con que cuentan los institutos, incluyendo oficiales, se corresponde con la función que desempeñan.