RADAR

Los homesexuales y lesbianas, víctimas de la incomprensión ciudadana, ofrecieron una buena demostración de seguridad con la concurrida marcha que protagonizaron el domingo. La preferencia sexual no es ningún delito, por lo que, en lugar de esconderse, lo más conveniente es dar la cara para validar un derecho. Se trata de un reconocimiento que gana fuerza en muchos países, donde se han aprobado leyes que legalizan el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Si en verdad hay un 6,7% de la población que es homosexual, pues más razones hay para que esos seres humanos reivindiquen sus derechos sociales y humanos. Hacer comprender y sensibilizar a la población sobre el derecho a sus preferencias sexuales es un paso importante para las comunidades gay y lesbiana. En otras palabras, derribar las barreras de la intolerancia que ha prevalecido contra una práctica que no vulnera ningún principio. El amplio espectro de las libertades también incluye el aspecto sexual, de lo que cada quien, como dueño de su vida, es el único incumbente. Antes que avergonzarse, los homosexuales y lesbianas hacen bien en dar la cara y reivindicar sus derechos, frente a lo cual la sociedad tiene que ser más tolerante.

Fiscales protestan

No deja de sorprender el conflicto entre la Procuraduría General de la República y más de 100 fiscales adjuntos con relación a la integración del Consejo Superior del Ministerio Público. Con la ley como instrumento de trabajo se supone que las decisiones se adoptan sobre la base del marco jurídico. Sin embargo, los fiscales han elevado una instancia ante el Tribunal Contencioso contra la resolución de la Procuraduría General de la República que convoca para hoy la inscripción de candidaturas para formar parte del consejo  en cuestión.  Buscan que, como medida cautelar, la convocatoria sea suspendida bajo el alegato de que tienen derecho a elegir y ser elegidos. La asamblea de electores ha sido convocada para el próximo miércoles por un comité que preside el procurador Radhamés Jiménez Peña e integran el director de la Escuela Nacional Penitenciaria, Roberto Santana, y otros funcionarios. Al margen de cualquier decisión el malestar está planteado.