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Gesta

Abril del 65

La crisis económica, caracterizada por la carestía y escasez de alimentos y un astronómico endeudamiento externo; la corrupción y las abusivas violaciones de los derechos individuales y las libertades públicas se citan entre los principales factores que provocaron el estallido popular de abril de 1965. El retorno a la constitucionalidad, interrumpida a través del golpe de Estado de 1963 contra el profesor Juan Bosch, se convirtió en la razón y consigna del movimiento insurreccional liderado por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. La gesta, de la cual se cumple hoy el 48 aniversario, ha sido uno de los acontecimientos históricos más relevantes  de República Dominicana.  Oficiales jóvenes encendieron la chispa, que prendió rápidamente, por la indignación popular. La deuda externa, que el dictador Rafael Leonidas Trujillo había saldado en su totalidad cuando fue ajusticiado el 31 de mayo de 1961 era de 11 millones de dólares en 1963. Pero en el 65 ya rondaba los 150 millones. Tras la sangrienta conflagración la nación se ha reconciliado, pero los motivos de la insurrección es  un capítulo pendiente. Las violaciones constitucionales, la corrupción y otras prácticas lesivas todavía lastran el sistema democrático

Otro escándalo

Apropiación irregular de recursos y despilfarro por unos 27 millones de pesos fueron detectados por una auditoría de la Cámara de Cuentas en la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados (OCABID). Las anomalías en la dependencia del Ministerio Público, que incluyen donaciones y gastos sin soportes, ocurrieron, según Acento.com, durante la gestión de Juan Francisco Matos, un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) nativo de Villa Altagracia. Aunque se desconocen importantes detalles, los datos que han salido a relucir evidencian gastos sin control ni supervisión. Un desorden que posiblemente se incrementó durante los procesos electorales. El expediente representa, de todas formas, un desafío para el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA). Y más aun tratándose de una dependencia  del Ministerio Público  donde se habrían cometido las escandalosas irregularidades.