RADAR

Las versiones sobre la muerte en Villa Faro de un técnico en la instalación de puertas y ventanas, durante la huelga del lunes, señalan como presunto autor del hecho a un agente de la Policía identificado como Vakeró. Lo más irritante para los denunciantes, entre los que figuran personas de todas las edades, es que la muerte de Anderson Parra Cruceta, de 33 años de edad, se trató de un crimen a sangre fría. Parra Cruceta filmaba con un celular algunas escenas relacionadas con la huelga cuando recibió un balazo en la boca hecho a poca distancia. ¡Toma, para que sigas grabando!, alegan los denunciantes que el agente le dijo al técnico antes del disparo que le segó la vida. Nadie ha señalado otro responsable del caso, ni siquiera a encapuchados, sino al agente. Villa Faro y toda la población esperan que el crimen no quede impune. Ha trascendido que el presunto autor del crimen está detenido, pero el suceso se presta de todas formas para la jefatura de la Policía iniciar una profunda investigación, además de establecer responsabilidades al respecto. No se trataría del único exceso ocurrido estos días protagonizado por agentes de la Policía. La muerte del técnico suena la alarma sobre la necesidad de profilaxis en las filas policiales.

Juicio a Bush

Human Rights tira piedras a la luna al reclamar al presidente Barack Obama que enjuicie a su antecesor George W. Bush por abusos de poder. Si Obama tuvo que desistir de la disolución de la infamia de Guantánamo no es verdad que, por más pruebas que pueda tener, abrirá un proceso contra Bush por violaciones de los derechos humanos. Human Rights alega que Obama viola el Derecho Internacional al no proceder por los crímenes, torturas y otros abusos en que habría incurrido el expresidente estadounidense. Pero sin duda que al actual mandatario ni siquiera le importa que lo puedan procesar por tales violaciones antes que exponerse a abrir un juicio por las acciones que se cometieron durante el gobierno de Bush. Aunque esté de acuerdo en que las torturas, las desapariciones forzadas y las prisiones secretas de la CIA fueran ilegales, inmorales y contraproducentes. Human Rights ha cumplido al denunciar y  reclamar acción, pero que no espere más.