A pesar del pedido de la Junta Central Electoral (JCE) de no acudir ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) por actitudes prejuiciadas contra la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la Cancillería decidió este viernes enviar un representante para que defienda al Gobierno ante la acusación de grupos pro haitianos de que en el país se discrimina y desnacionaliza a dominicanos de ascendencia haitiana.
El canciller Carlos Morales Troncoso acreditó para esa sesión temática del 150 aniversario de la OEA, a la embajadora adscrita a la Cancillería Rhadys Abreu Polanco, experta en derechos humanos y encargada de esa oficina en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
No asistirán a la cita el Canciller ni los vicecancilleres, sino una funcionaria de otra categoría.
La CIDH notificó al Gobierno, vía Cancillería, para que el 24 de marzo acredite defensores en la audiencia a celebrarse en Washington a las 4:00 de la tarde.
El tema a tratar es el de la situación del derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana afectados por lo que el CIDH llama política de desnacionalización. La acusación contra el Gobierno dominicano la sostienen el Centro Pedro Francisco Bonó, Solidaridad Fronteriza, Centro de Acción Social y Agraria (Cefasa), Fundación Etnica Integral, Centro Cultural Dominico-Haitiano, Movimiento Socio-Cultural de Trabajadores Haitianos, el Observatorio de Migrantes del Caribe, el Colectivo Mujer y Salud y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Posición de JCE
Roberto Rosario consideró que el Estado dominicano no debe asistir a la Audiencia Temática ante la CIDH que se inicia el próximo lunes, debido a que el organismo sesionó recientemente en el país e hizo un levantamiento con una posición contaminada sobre el plan del Gobierno para regular a los extranjeros residentes irregulares en República Dominicana.
“Desde nuestro punto de vista, se está montando un nuevo escenario de presión, respondiendo a grupos de interés”, manifestó Rosario, en carta remitida ayer al canciller Morales Troncoso, y a seguidas le expresa que por demás es impropio que los solicitantes o la propia comisión se arroguen el derecho de escoger a los funcionarios que pueden representar al país, “ya que es una atribución exclusiva de la Cancillería de la República, determinar quién representa al Estado dominicano”.
Injerencias
“No podemos tolerar bajo ninguna circunstancia que una o varias entidades internacionales presionen a nuestro país, con actitudes injerencistas violentando las normas diplomáticas y que ponen en vilo nuestra soberanía nacional. Es un deber de nosotros y del Estado dominicano, preservar los mandatos y normas que dictan nuestra Constitución” explica.
UN APUNTE
Injerencia
Roberto Rosario, presidente JCE, enteinde que “no podemos tolerar bajo ninguna circunstancia que varias entidades internacionales presionen a nuestro país, con actitudes injerencistas violentando las normas diplomáticas”.
