La entrega recíproca de algunos condenados por sentencias y la tipificación de los delitos de terrorismo, sicariato y alta tecnología, forman parte de un nuevo tratado de extradición firmado esta mañana por República Dominicana y Estados Unidos, con el cual se le pone fin al viejo convenio rubricado entre ambas naciones en 1909.
Según las autoridades dominicanas y estadounidenses, el nuevo tratado permitirá hacer eficiente la aplicación de la ley frente a los distintos delitos en ambos países, además de ampliar las nuevas modalidades delictivas en su aplicación como los de alta tecnología, terrorismo y el sicariato.
El acuerdo, que sustituirá el del 19 de junio de 1909 y vigente desde el 2 de agosto de 1910, fue rubricado por la República Dominicana, en la persona del ministro de Relaciones Exteriores, arquitecto Andrés Navarro, y por Estados Unidos, el embajador de ese país James W. Brewster, con la presencia del procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, en un acto celebrado en la Cancillería.
El canciller Navarro aseguró que el nuevo tratado hace eficiente la cooperación entre los dos países para enfrentar los distintos delitos, además de establecer en detalle los requisitos y los procedimientos, así como las solicitudes de arresto provisional del imputado.
Se recuerda que el canciller Navarro y el embajador Brewster coincidieron en señalar el 31 de octubre del año pasado que el nuevo tratado garantizará el debido respeto a los derechos humanos de cualquiera que sea el imputado solicitado por la justicia de ambos países.
El embajador
«Este es un día histórico para la cooperación en el área de la ejecución de la ley entre Estados Unidos y República Dominicana frente a las viejas y nuevas modalidades del crimen y el delito”, declaró el embajador Brewster tras la firma del tratado.
Dijo que «la actualización de este tratado será reflejado como una contribución importante al creciente legado de colaboración en la historia de nuestros dos gobiernos. Estados Unidos renueva su compromiso de trabajar con sus contrapartes dominicanas para responsabilizar aquellos criminales que infrinjan la ley, utilizando la extradición como una herramienta clave para reducir el crimen y garantizar la seguridad ciudadana».
El convenio establece en uno de sus articulados que los dos países se comprometen a entregarse a los imputados requeridos para enjuiciamiento o para el cumplimiento de alguna sentencia condenatoria, por «intento, conspiración o participación en la comisión de un delito en cualquiera que sea el grado».
Asimismo, son extraditables los imputados del delito de fraude o evasión fiscal, violación a los controles de importación o exportación de productos o dinero en efectivo, entre otros.
En tanto que no se concederá la extradición por delitos políticos o militares, homicidios, lesiones corporales, dolo, violaciones sexuales con daños y el intento de conspiración.
En el acuerdo, República Dominicana y Estados Unidos reconocen que la extradición es una importante herramienta en la lucha contra el crimen organizado, «con lo que se envía un mensaje contundente que ninguna de las dos naciones servirán como refugios para las personas acusadas o encontradas culpables de ningún delito o crimen».
La comisión negociadora estadounidense estuvo conformada por asesores legales del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia, mientras que la legación dominicana estuvo representada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Procuraduría y la Cancillería.
