Por: Susi Pola

susipola@gmail.com

La semana pasada, en el lanzamiento de la campaña contra la violencia hecha a la mujer, «Cada día menos, hasta llegar a CERO», el Procurador General de la República encabezó el acto con la Vicepresidenta del país, la esposa del Presidente Medina, la ministra de la Mujer y la Vicepresidenta del Senado, con mensajes motivadores para seguir trabajando en la disminución y erradicación de esta epidemia.

El total de 24,265 denuncias por violencias contra la mujer, físicas, verbales y sicológicas, junto a 30,763 órdenes de protección emitidas y a los 2,187 delitos sexuales, como agresión, violación y acoso sexual, sustracción de menores e incesto, que reporta la Procuraduría General de la República en su página web, para el primer semestre de este año de 2013, junto a 98 feminicidios generales, indican que en la R. Dominicana, tenemos un problema grave de violencia basada en el género.

Las violencias contra las mujeres y el feminicidio, como punto final de estas violencias, deben ser abordadas en las cifras con el mayor rigor científico y con perspectiva de género, asegurando aquellos indicadores que las identifican, una tarea que aún no hemos especializado y que está pendiente.

Una situación que la justicia penal sola, especialmente Ministerio Público, no puede resolver. Actualmente, el peso del impacto social dejado por el maltrato y la muerte de tantas mujeres, recae sobre la Procuraduría General de la República, a la que se están incorporando acciones de la Policía Nacional en el último año. Las Unidades especializadas del Ministerio Público, intervienen en el fenómeno con una práctica multidisciplinaria que abarca apoyo emocional de evaluación, referencia a Casas de Acogida y a hospitales.

Mientras, el Ministerio de la Mujer, con el menor de los presupuestos, tiene una Oficina Provincial de la Mujer, en 31 provincias del país y otras municipales, llegando a más de cincuenta en todo el país, donde se reciben los casos de mujeres sobrevivientes para apoyo emocional y legal, manteniendo las dos Casas de Acogida que existen en el país y ejecutando programas de sensibilización en diferentes niveles. Las organizaciones de la Sociedad Civil, coordinadas en redes también con el sector gubernamental, mantienen el trabajo de más de 30 años, denunciando, atendiendo y fortaleciendo el sistema de atención, con monitoreo y coordinaciones intersectoriales. Pero esto no es suficiente, se necesita vincular todos estos esfuerzos para caminar en la misma dirección.

El desafío tiene que incluir a otros sectores, como salud y educación, pero siempre remite a la necesidad de reconocer los derechos de las mujeres en este país, donde aún se conculcan.