MADRID. AFP. El gobierno español advirtió el miércoles que «vigilará» que Bolivia pague un «justiprecio» por la expropiación de Transportadora de Electricidad, filial de la española Red Eléctrica Coporación (REE), aunque aseguró que esa medida no tendrá ningún «efecto relevante» en las cuentas de la compañía.

«El gobierno español va a vigilar y va a atender en lo que es efectivamente la asistencia al justiprecio en estas inversiones», afirmó el ministro español de Economía, Luis de Guindos, en Bruselas.

De Guindos quiso así, en la primera reacción de Madrid tras la decisión boliviana, lanzar un mensaje de firmeza ante lo que constituye la segunda expropiación a una empresa española en 15 días en América Latina, aunque la envergadura de la iniciativa boliviana no sea comparable a la nacionalización en Argentina del 51% de la petrolera YPF, filial de la española Repsol.

El aporte de la boliviana Transportadora de Electricidad «a las cifras de negocios del grupo Red Eléctrica Corporación es de un 1,5%», por lo cual «no tiene un efecto relevante en los negocios y cuenta de resultados» del grupo, afirmó la empresa española en un comunicado.

«Está pendiente la fijación del procedimiento por el que se llevará a cabo esta nacionalización y el modo en el que se fijará el precio de la participación que el grupo REE mantenía» en TDE, cuya evaluación se hará en los próximos seis meses, según el decreto de nacionalización de TDE anunciado el martes el presidente boliviano Evo Morales.

REE, a través de Red Eléctrica Internacional (filial encargada de inversiones en el exterior), compró en 2002 el 99,94% de TDE por unos 89 millones de euros.

En 2011, REE, de la que el Estado español tiene un 20%, ganó 45,7 millones de euros por su negocio internacional, apenas el 3% del conjunto de la empresa, y la mitad procedió de la actividad en Bolivia, por lo que «el impacto es asumible», dijo el economista jefe de Intermoney, José Carlos Díez, a la cadena pública de información continua «24 horas».

YPF, por su lado, supuso en 2011 el 25,6% del resultado de explotación de Repsol, el 21% de su beneficio neto y el 33,7% de sus inversiones.

La repercusión económica sin embargo parece pesar menos en el caso boliviano que el mensaje que se perfila de pérdida de seguridad jurídica en América Latina para las inversiones españolas, tras el percance en Argentina, donde el 16 de abril el gobierno anunció la expropiación de casi toda la participación de Repsol en YPF (que pasará de 57,4% a 6,4% del total).

«Acciones de este tipo envían una señal negativa a los mercados sobre el clima de negocios para invertir en Bolivia.