La Directiva del Colegio de Abogados de la República abogó ayer por una revisión completa del aparato judicial, por entender que la modificación de los códigos no resuelve el problema de la delincuencia que afecta el país. Los doctores José Diego García, presidente del gremio, y los directivos Julio Cury, Pedro Duarte Canaán, Daniel Rondón, Candido Simón, Diego Babado Torres y John Garrido, consideran que los organismos investigativos se han quedado rezagados y no han avanzado en la medida del avance que ha obtenido la delincuencia.
Entrevistados en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, dijeron que mientras la delincuencia utiliza armas sofisticadas, la Policía todavía usa para la persecución revólveres de la era primitiva, por lo que entienden que es necesario que se haga una revisión completa del aparato judicial que incluya una sustancial mejoría de los métodos investigativos.
Cury critica proyecto
Para el jurista Julio Cury, el proyecto de ley sometido por la Suprema Corte de Justicia para “regular” el ejercicio del Derecho, carece de sentido y peca de inconstitucional. “Nuestro Supremo Estatuto Político dispone que todos somos iguales ante la ley, derecho fundamental que las autoridades e instituciones están obligadas a proteger sin ningún género de discriminación”, observó. Advirtió que si el proyecto se aprueba tal y como fue sometido, obligaría a los abogados a someterse a un proceso de revalidación para poder ejercer, lo que no ocurre con los demás profesionales, razón por lo que advirtió que se incurriría en un acto de desigualdad, prohíbido constitucionalmente en el país.
“Como los médicos, arquitectos, ingenieros, administradores de empresa y demás profesionales no estarían obligados, para acceder al ejercicio de sus profesiones, a someterse a reválidas, los abogados serían objeto de un tratamiento diferenciado ante la misma situación fáctica, y eso, sin ninguna duda, quebrantaría el derecho a la igualdad”, precisó Cury. Sostuvo que la igualdad en la aplicación de la ley constituye un límite al legislador, por lo que dos supuestos que sean iguales, en este caso graduarse de profesional, no pueden aparejar consecuencias jurídicas diferentes.
“La educación continua que se propone en el proyecto parece salida de unas tiras cómicas, y lo afirmo porque 600 horas anuales como se contempla en el proyecto, equivalen a 2 horas y 29 minutos diarios entre los días lunes y viernes de cada una de las 52 semanas del año”, sostuvo Cury.
“ Dedicarle el 31% de las horas laborables de todos los días supondría que los abogados no tendríamos tiempo para el ocio, para compartir en familia, para recrearnos y hacer deporte, derechos estos últimos que tienen también categoría fundamental de acuerdo con el artículo 65”, subrayó..
Presidente del CARD
El presidente del Colegio de Abogados, Diego José García, coincidió con sus compañeros, en que para disminuir la delincuencia hay que revisar todo el aparato judicial. García dijo que es muy peligroso que que las personas pierdan la fe en el sistema, por lo que entienden que urge la necesidad de que se haga una revisión profunda de aparato judicial.
Instó a todos los actores que involucra al sistema a trabajar en armonía, debido a que cada uno juega un rol preponderante. Igual se pronunciaron los juristas Cándido Simón Polanco, Pedro Duarte Canaán, Daniel Rondón y John Garrido, quienes aseguraron que que el problema no se resuelve con la modificación del Código Procesal Penal, ni con aumentar las penas a los delincuentes.
Para Garrido, el problema radical está en la ausencia de políticas públicas encaminadas a favorecer a los habitantes, principalmente de la clase pobre. A su entender, las autoridades pretenden “cortar por lo más delgado”, con la modificación del Código Procesal Penal.
UN APUNTE
Los jueces
Para la directiva del
Colegio de Abogados de la República urge la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia tenga un sistema de inspectoría más eficiente, como forma de vigilara los jueces que actúan sin criterio y de espalda a lo que manda la ley. De acuerdo al CARD, el problema no solo radica en lo penal sino también en lo civil.
