Aun no se conoce el diseño global de reforma fiscal que propondrá el Gobierno cuando ya el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) adelanta un proyecto que implicaría en 2026 privatizar la administración de las distribuidoras de electricidad, Edenorte, Edesur y Edeeste.
La información fue suministrada por Celso Marranzini, presidente de ese Consejo y director del Gabinete Eléctrico Estatal, durante una entrevista en el programa de televisión El Despertador, donde advirtió que su área oficial tiene el mandato de elaborar ese proyecto, que dijo ya tiene listo.

La iniciativa que presentaría Marranzini, de reforma del sistema eléctrico estatal, tendría una duración de cuatro años con metas de reducir las pérdidas de las Ede en 19 puntos porcentuales y el subsidio a un tercio del monto actual, lo que impactaría sobre el déficit fiscal que pretende afrontar la reforma tributaria.

Aunque Marranzini dijo que la privatización en lo referido a “operación y mantenimiento” de las Ede se realizaría mediante un proceso de licitación, se supone que un proyecto de esa naturaleza requeriría de la aprobación del Congreso y que, en el marco de una reforma integral, debería incluir a las empresas generadoras.

El Superintendente de Electricidad, Andrés Astacio Polanco, dijo que “en lo inmediato” no se vislumbra un alza en la factura eléctrica porque el Gobierno destina un subsidio al sector desde 2022, razón por la cual se requiere saber cómo se reducirían las pérdidas de las Ede en 19 puntos porcentuales.

El propio director del CUED dijo que “yo vi” que el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, daba una pincelada a un proyecto que se está generando en esa dependencia, sobre el cual advirtió que es su área la que tiene el mandato de elaborarlo, lo que indica que afloran contradicciones entre ambas instituciones.

Las empresas de distribución eléctrica confrontan perdidas de un 38 % y reciben un subsidio oficial por US$1,450 millones anuales, que en el Plan de Marranzini se contemplaría reducir a US$500 millones, pero con una inversión anual de US$300 millones.

No parece prudente que el proyecto de reforma fiscal se presente a destajo ante la opinión pública y los agentes económicos, menos aún el componente del subsector eléctrico, que representa el 50 % del déficit presupuestario, un complejo entramado, cuyas alternativas de solución deberían ser socializadas ante todos los grupos de intereses y,