En materia de política fiscal hay un conjunto de principios que, con independencia de su veracidad, no pueden ser analizados al margen de la realidad económica, social, política y cultural del contexto en el cual van a ser implementados.

Es inobjetable que cualquier tipo de sociedad que se intente construir implica un costo que debe ser asumido por los ciudadanos que la conformen. No puede cuestionarse que en ese propósito deben concurrir los contribuyentes en proporción a sus ingresos. Nadie puede negar que la contribución otorgada a título de impuestos deba ser acorde con las necesidades que debe suplir el Estado. Es cierto que al desprenderse de parte importante de sus ganancias, los ciudadanos esperan retribuciones traducidas en servicios. Es comprensible que quien participa en la tarea de sufragar las inversiones y gastos del gobierno demande que esos fondos sean manejados con racionalidad, eficiencia y austeridad. Es verdad que en la composición de los impuestos deben primar los directos, como forma de que paguen más quienes más pueden.

Ahora bien, en términos de las características que nos identifican como nación, tanto desde el ámbito de los contribuyentes, como de los administradores de los recursos públicos, ¿puede afirmarse que el escenario dominicano sea idóneo para la concertación de una reforma fiscal integral o, por el contrario, constituyen esas particularidades obstáculos severos para alcanzar ese objetivo?

La combinación de los elementos que definen tanto a unos como a otros, determinan, sin dudas, que nuestro país presente serias dificultades para lograr consensos en los cuales los protagonistas de una problemática tan trascendente como esta se sientan menos incómodos con los aspectos que conformen esos acuerdos.

Por un lado, los llamados a ser soportes fundamentales de la carga impositiva tributada al gobierno, manipulan para que los sectores económicos que representan paguen lo menos posible, sin mencionar que son los dotados de mayores posibilidades de encontrar mecanismos de evasión o elusión de sus compromisos fiscales.
En la otra esquina, los administradores de las recaudaciones están desprovistos de calidad para exigir incrementos de tasas debido a su histórico despilfarro y manejo irresponsable del patrimonio que reciben con la encomienda de hacer del mismo un uso diferente.

En medio de esos dos componentes perniciosos del problema, languidece una clase media que no tiene manera de escapar del drama que significa un sistema tributario que la penaliza y representa una rémora que disminuye su precaria calidad de vida.