Si el proselitismo electoral no ha cobrado más calor ha sido por la indiferencia de la población y no por el bombardeo de partidos y candidatos de todos los colores con una campaña no solo extemporánea, sino violadora de los espacios para actividades y promoción que establecen las leyes. La JCE, si bien ha parecido impotente, no ha dejado de explorar fórmulas para hacer que se respeten las reglas de juego.

Ante un quehacer político que aprovecha todos los intersticios para promover el proselitismo no es una tarea sencilla obligar a partidos y precandidatos a que se respeten unas leyes que se violan de mil maneras.

Desde los alcaldes que suplantan a las instituciones en la ejecución de obras hasta los mensajes subliminales de aspirantes a cargos electivos desde mucho antes de abrirse las compuertas de los procesos internos.

Tan flagrantes y escandalosas han sido las violaciones que en la actual etapa del proceso la JCE ha decidido tomar carta. Es lo que indican las sanciones en el reglamento que se elabora para regular el proselitismo y que será presentado por el pleno a los partidos políticos. De esa manera el organismo tendría una base para actuar con el consentimiento de las organizaciones que al regirse en torno a la ley se acojan a la normativa.

Las tensiones en los certámenes, aunque se han ido reduciendo, han sido una constante desde que las votaciones se convirtieron en el medio para dirimir la lucha por el poder.

Los protagonistas no se acostumbran a un proselitismo con apego a las leyes. Partidos y candidatos son los primeros en burlar las normas de la equidad a través de distintas prácticas que incluso cuestionan sus propias ofertas.

Es necesario que antes de que la campaña se intensifique con las caravanas, mensajes y la profusión de propaganda electoral se definan con la mayor claridad y responsabilidad las reglas de juego.

La JCE, que con frecuencia es blanco de ataques de algún sector, hace bien en consensuar desde ahora el procedimiento para que los actores del proceso se circunscriban a las leyes. Más aún cuando no es su única responsabilidad para garantizar un certamen transparente.