Cuando asistimos a un centro de salud esperamos que quien nos brinda el servicio sea una profesional que esté autorizado para ejercer su función, acorde con lo que establecen las leyes y los reglamentos. Lamentablemente no sucede así.

Son muchos los casos de falsos médicos (alopáticos o naturistas), especialistas que no son lo que dicen ser y terapistas de todos tipos que nunca han asistido a una universidad o centro de enseñanza formal.

Para garantizar calidad en la atención en salud hay que velar por la seguridad de los pacientes y por donde comienza esa seguridad, es asegurándonos que los profesionales que atienden nuestra gente estén debidamente cualificados. De lo contrario permitimos exponerlos a riesgos que podrían costarles la vida.

Para ejercer la profesión en cualquiera de las ciencias de la salud y profesiones afines, es necesario haber obtenido el título o grado de universidades nacionales o internacionales que sean reconocidas por el Estado.

En el caso de los estudios en el extranjero, deben revalidar sus títulos. Además del grado deben lograr el exequátur o permiso emitido por el Poder Ejecutivo que certifica que han cumplido con todos los requisitos de ley.

Las instituciones estatales deben mantenerse vigilantes y rigurosas con los procedimientos de obtención de grados y exequátur para evitar que se repitan casos- como los ya conocidos- de obtención de los mismos de manera irregular. Hay que investigar a profundidad los responsables de dichos actos y proceder de manera ejemplar con todo el peso de la ley.

Hay sanciones claramente establecidas, hace más de una década, en nuestro marco jurídico que instauran penas que van desde multas hasta cárcel para los violadores. La ejecución hasta el momento ha sido muy tímida.

Ejercer cualquiera de las profesiones dentro de las ciencias de la salud, sin tener un título universitario o de educación superior que lo acredite para tales funciones o por carecer del exequátur expedido por el Poder Ejecutivo, conlleva sanciones que van desde 50 a 100 salarios mínimos y cárcel de 2 a 10 años.

En el caso de los profesionales que hayan obtenidos sus grados en universidades internacionales, sean estos dominicanos o extranjeros que no revaliden sus títulos para ejercer en nuestro país pueden ser castigados con multas de 15 a 25 salarios mínimos o hasta 2 años de prisión correccional.

Es responsabilidad del Ministerio de Salud regular el ejercicio de la medicina y las demás ciencias de la salud, conjuntamente con el Ministerio de Educación Superior y acompañados por el Colegio Médico Dominicano y sus sociedades, en el caso de los médicos.

Necesitamos un Ministerio Público que demuestre mayor interés y revele mejor manejo y conocimiento de la Ley General de Salud para que se pueda castigar de manera ejemplar los violadores y no se continúe teniendo las dificultades de labores conjuntas entre la autoridad sanitaria y los representantes de la justicia.

El Estado debe garantizar y asegurar que toda persona que brinde un servicio denominado salud o se autodenomine técnico o profesional de las ciencias de la salud cumpla con lo establecido por las leyes.

Deben mostrar documentos originales para evitar que se siga descubriendo documentos falsificados o copias fraudulentas. La única forma de disminuir el riesgo y cumplir con el rol regulador es demandando que demuestren lo que se dicen ser, con documentos originales.

Iniciamos un trabajo entre los ministerios de Salud Pública y Educación Superior tendente a regular el ejercicio de la medicina, inclusive para aquellos profesionales que vienen a realizar jornadas humanitarias; pero aúnpersisten muchas debilidades institucionales que impiden avanzar hacer cumplir la ley. Esperamos que se continúe.

Se debe conformar la Comisión Nacional de Reválida de Títulos que manda la Ley General de Salud y que a 12 años de promulgada no se ha constituido.

Con esta comisión y resoluciones o disposiciones temporales del Ministerio de Salud, se podrá dar respuesta a la cantidad de profesionales nacionales y extranjeros que han realizado estudios especializados en centros de salud y universidades internacionales y que hasta el momento no existe el mecanismo para reconocer y regular su ejercicio en la Republica Dominicana.