Los muchos conflictos protagonizados por alguaciles tornan más que necesario la regulación del oficio. No es que se tenga que crear ninguna estructura burocrática, como sería la Dirección Nacional de Ejecuciones que propone la Asociación Dominicana de Alguaciles, sino regular las funciones a través de un reglamento. Hasta tanto se superen los servicios que prestan los alguaciles no pueden operar como chivos sin ley, sino como un cuerpo organizado y acreditado.
Antes que a cualquier ente judicial los tributarios operan al servicio de oficinas de abogados, que los utilizan para todo tipo de actos. No en todos los casos la conducta que exhiben en determinadas ejecuciones se ajusta al ordenamiento jurídico.
La ley para reglamentar la entidad que proponen los alguaciles tiene muchos puntos conflictivos que deben discutirse, entre los que figuran el salario, el financiamiento de la entidad que sugieren y otros, pero no se puede cuestionar la necesidad de que se regulen sus servicios.
