Cuatro individuos que supuestamente se disponían a ejecutar por encargo a tres personas vinculadas al narcotráfico, fueron muertos por la Policía durante un supuesto intercambio de disparos en Santo Domingo Este, suceso que renueva el temor ciudadano de que aquí operen grupos de sicarios, con lo que la criminalidad adquiriría una condición de drama social porque la vida de cualquiera tendría precio de mercado.

Más que una simple declaración de prensa justificativa de esas muertes, la Policía debería investigar a fondo para determinar quién o quiénes habrían contratado a esos alegados matones, quiénes serían sus víctimas y cuál fue el precio pagado o prometido para ejecutar esos asesinatos.

No debería recibirse como suceso común la muerte a balazo de cuatro personas que según las autoridades se disponían a asesinar a otras tres por encargo de gente vinculada al narcotráfico. Esa es una historia que debería contarse con mayores detalles.

Llama la atención que otras dos personas fueron muertas a tiros en supuesto enfrentamiento con la Policía, lo que elevo a seis los muertos en tales circunstancias, preocupante señal de que la criminalidad sigue en auge o de que la Policía opta por aplicar medidas extremas al afrontar a supuestos delincuentes.

La sociedad fue sacudida hace poco con la noticia de que dos mujeres, un empleado público y un abogado fueron asesinados por sicarios, dos de cuyos contratantes fueron apresados por la Policía y acusados formalmente por el Ministerio Público.
Sin pretender poner en duda la versión de que las cuatro personas muertas por la Policía en intercambio de disparos eran en realidad sicarios que se disponían a ejecutar un mandato de asesinar, lo deseable sería que esos tales delincuentes sean apresados y sometidos a la justicia que debería imponer largas penas de prisión.

La figura del sicariato no puede ni debe asentarse sobre suelo dominicano, porque nadie tiene derecho a poner precio sobre la vida de otro, por lo que Ministerio Público y Justicia deben aunar esfuerzos para desalentar por vía de dura aplicación de la ley esa práctica criminal introducida en el país por el narcotráfico internacional.

Es por eso que se reclama que la Policía profundice las investigaciones en torno a los supuestos sicarios abatidos a tiros por integrantes de una patrulla policial, porque -se repite- la historia de ese intercambio de disparos no ha sido contada hasta el final.