Cuando se reclama con mayor insistencia que Policía, Justicia y Ministerio Público aúnen esfuerzos para afrontar el auge de la violencia, delincuencia y criminalidad, esas instituciones resultan afectadas de manera simultánea por un ruido reputacional que ensordece a una sociedad que ya no sabe a quién creerle.

La Policía pudo identificar muy rápidamente a los participantes en los atracos a sucursales bancarias en Santo Domingo Este y en Santiago, pero por “inobservancia en la aplicación del protocolo”, los operativos de detención implicados en esos casos provocan un oleaje de sospechas y conjeturas.

Un mayor policial murió, otros cuatro oficiales y un sargento resultaron heridos durante un enfrentamiento a balazos contra individuos acantonados dentro de una vivienda del barrio Vietnam, de Los Mina, que dispararon, entre otras armas, con un fusil de asalto M-16.

Aunque admite que “hubo falla en el protocolo”, la Policía debería explicar por qué esa patrulla, compuesta mayormente por oficiales, no fue reforzada con equipos policiales entrenados para afrontar ese tipo de situación, como por ejemplo, el equipo Swat.

Es imperativo esclarecer las circunstancias en las cuales un vigilante, sindicado por la Policía como la persona que planificó el asalto a la sucursal bancaria de Santiago, se “suicidó” ya detenido y esposado en el interior de un vehículo policial.

Es ensordecedor también el ruido que produce la polémica entre una jueza de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de esa alta corte y la procuradora Anticorrupción, quien denunció que encartados en el caso Odebrecht pretenderían que algún magistrado complaciente ventile ese caso.

De nuevo, Policía, Ministerio Público y Justicia se involucran por diferentes causas y razones en un conflicto que atenta contra la reputación de esas instituciones, que tienen la misión de prevenir, perseguir, procesar y condenar toda forma de infracción a la ley penal.

La sociedad dominicana reclama de sus autoridades (policías, jueces y fiscales) que asuman firme y fielmente la necesaria conducta o comportamiento ético, ceñidos a la ley, única forma de garantizar seguridad ciudadana y aplicación de sana justicia.