Las designaciones de los jueces de la Suprema Corte, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Electora entran al escenario político, en más de un sentido. Su nueva composición cuestiona seriamente la independencia del Poder Judicial, ahora ampliado en dos aspectos primordiales, a saber, el constitucional y el electoral.

Integrados, en su mayoría, por destacados dirigentes del PLD, las designaciones, encabezadas por el presidente Leonel Fernández, se producen a propósito del actual proceso electoral.

El expresidente y candidato presidencial del PRD, Hipólito Mejía, no tardó en colocarse al lado de la opinión nacional, objetando tales nombramientos, sobre todo los relativos a la Suprema Corte.

Obviar tal despropósito o apañarlo, es hacerse cómplice de un atentado contra las instituciones democráticas y el orden legal que debe prevalecer en una sociedad medianamente civilizada.

No se hicieron esperar las reacciones de las diferentes fuerzas que tradicionalmente representan los más sagrados intereses de la nación. Si de algo han sido celosos guardianas nuestros empresarios, es del Poder Judicial. Incluso por encima del Ejecutivo. Nada como un efectivo y confiable sistema jurídico para auspiciar un clima de negocios favorable.

Vale denunciar los propósitos que se esconden detrás de estas conjeturas y cuestionamientos. Nos atrevemos a decir que los estrategas del candidato gobiernista estarían tratando de sacar provecho al estado de confusión e inseguridad derivados de las debilidades del proceso comicial en marcha.

Propiciar un sentimiento general de impotencia y postración ante la inminencia de un fraude, puede ser una apuesta, aunque altamente repudiable, no descartable. En una sociedad como la nuestra, donde prevalecen los malos ejemplos de dirigentes y funcionarios corruptos, una jugada como ésta no sería descabellada.

No es casual que el candidato Danilo Medina haya anunciado un plan de captación de 2.5 millones de votos a su favor, esto es más de la tercera parte de los sufragantes. Como si hicieran falta mayores elementos para dudar de la transparencia de un proceso en el que el PLD hace uso a diario de cuantiosos recursos del Estado para retener el poder.

Junto a sus consejeros, habrá calculado Medina que los rumores de un fraude inminente operan a su favor, partiendo de la disolución social, la falta de decoro y el conformismo que paraliza a los pueblos empobrecidos, por valiosos y luchadores que éstos sean. El dominicano siempre lo ha sido.

A las luz de las encuestas, las espontáneas manifestaciones de la población y las proyecciones más confiables, el 20 de mayo no se les deja otra alternativa que no sea recurrir a toda suerte de tretas, por sucias y retorcidas que parezcan. Este plan, que viene siendo en C, obedece, evidentemente, a la falta de pegada del candidato morado. Tampoco el plan B, esto es, la postulación de Margarita Cedeño, ha funcionado como se esperaba.