República Dominicana ha ingresado a la “Ruta contra el hambre”, un programa que, con asistencia y asesoría de diferentes organismos internacionales, procura erradicar ese flagelo a más tardar en 2039, lo que equivale a decir que dentro de 12 años aquí se aspira a una sociedad basada en justicia y equidad.

Aunque el Gobierno afirma que sus programas sociales han logrado transferir a más de un millón 200 mil dominicanos desde la indigencia y pobreza extrema a pobreza moderada y clase media, todavía una masa hambrienta se extiende por gran parte de la geografía nacional.

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, presentó lo que definió como una “hoja de ruta para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible, dirigido a acabar con el hambre, alcanzar seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible”.

Ojalá que este programa reciba las mayores atenciones de los gobiernos que se sucederán durante tres lustros, porque la experiencia que se tiene respecto a estos planes a largo plazo no es la mejor, ya que generalmente no se cumplen a cabalidad o se engavetan de manera definitiva.

Es el caso de la Estrategia Nacional de Desarrollo, otra hoja de ruta a 20 años, destinada a promover y consolidar crecimiento económico, desarrollo social y gobernanza, cuyos periodos de aplicación nunca han sido evaluados ni medido su impacto sobre la economía y la sociedad.

Esta vez, el director de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), William Virgil, ha advertido que dos mil millones de personas sufrirán hambre si no se aplican programas como el anunciado por la vicepresidenta Cedeño.

También reveló que 155 millones de niños padecen de retraso en el crecimiento y que los índices de obesidad y sobrepeso aumentan en todas las regiones del mundo, por lo que alertó sobre la convivencia de desnutrición, sobrepeso y deficiencia de micronutrientes.

Todos los esfuerzos y programas dirigidos a combatir el hambre y la marginalidad deben ser estimulados por el Gobierno, sector productivo, clase política, academias y la sociedad toda, porque todos los dominicanos tienen derecho a acceder y recibir adecuada alimentación y nutrientes, sin lo cual no se puede hablar de democracia, justicia ni equidad.