SAN JUAN DE LA MAGUANA. Quince sacerdotes católicos de igual número de parroquias de las provincias San Juan y Azua se oponen a la explotación del yacimiento de oro, cobre y plata Romero, en la cuenca alta de esta provincia, cuya licencia fue autorizada por el Ministerio de Energía y Minas.
Los religiosos dijeron que son conscientes de la gran importancia económica que tiene esta mina para el desarrollo del país, sin embargo, observaron los grandes riesgos que representa la explotación de estos para las comunidades y el medio ambiente.

“Como grupo de sacerdotes en solidaridad con la vida, somos conscientes de la gran importancia económica que tiene este yacimiento para el desarrollo del país, pero también sabemos de los grandes riesgos que representa para las comunidades y el medio ambiente”, puntualizaron.

Expresaron que a pesar de que la posible explotación de los minerales, por la empresa GoldQuest, de capital canadiense y suizo, se haría mediante el sistema de túneles por estar entre 200 y 400 metros en el subsuelo, no confían en la promesa que hacen sus ejecutivos de que no se contaminará el agua del río San Juan, ni se afectará los recursos naturales existentes en el área.

Señalaron que entre las 10 razones por las que se oponen a la explotación minera están que la misma afectará la flora y la fauna y que esta no supone un desarrollo humano en lo económico de esta provincia.
En un documento dado a conocer ayer por los sacerdotes también se refirieron a la violencia, a las amenazas, la corrupción, las violaciones a los derechos humanos, discreta o descaradamente.

Además, a la salud de las poblaciones, las condiciones de trabajo y a la trata de personas que alimenta el trágico fenómeno de la prostitución, como alegan ya ha ocurrido en las comunidades de Hondo Valle y La Higuera.

“Damos un grito de dolor en respuesta a la violencia, a las amenazas y la corrupción, un grito de indignación y de apoyo a las violaciones de los derechos humanos, discreta o descaradamente pisoteados por cuánto respecta a la salud de las poblaciones, por las condiciones de trabajo, a veces por la esclavitud y la trata de personas que alimenta el trágico fenómeno de la prostitución, como ya ha ocurrido en las comunidades de Hondo Valle y la Higuera”, precisan.

El documento está firmado por los párrocos José Ceid, de la parroquia de Comendador; Santo Cabral Luciano, Manuel Segura, Reyes Suarez, Rodolfo de Jesús León del Carmen, Bernardo Peralta Florián, Melanio Cola, Ramón Emilio del Rosario, y Feliciano Méndez Jerónimo, representantes de diferentes parroquias de este municipio.

Además, Francisco Javier de la Rosa y Carlos Antonio Peralta Florián, de la parroquia Santa Lucia, en Las Matas de Farfán; Juan Manuel Camacho, de la Sagrada Familia, en Azua, José de los Santos Castillo, del municipio de Peralta, Moisés Corcino Valenzuela, del municipio de Vallejuelo; Gabriel Delgado Victoriano, Sagrado Corazón, de Azua, y Rafael Colón, de la parroquia La Altagracia, en el distrito municipal de Las yayas.

A pesar de los esfuerzos del corresponsal de El Nacional, en San Juan, para obtener la opinión del obispo de la Diócesis de San Juan, Azua y Elías Piña, monseñor José Dolores Grullón Estrella, sobre la posible explotación de la mina en la comunidad Romero, de esta provincia, no fue posible.

UN APUNTE

Obispo

La opinión del obispo de la diócesis de San Juan, Azua y Elías Piña, monseñor José Dolores Grullón Estrella, en relación a la posición de los 15 sacerdotes bajo sus órdenes, sobre la posible explotación del millón 300 mil onzas de oro, cobre y plata, en la comunidad Romero, de esta provincia, no fue posible, a pesar de que este medio lo intentó varias veces vía telefónica. Los sacerdotes aseguran que la explotación de esta mina representa un gran riesgo