La salud es un derecho humano fundamental del que deben disfrutar todos los seres humanos sin discriminación alguna.

En el año 1986 estando al frente de la Dirección Nacional de Epidemiologia, hicimos una encuesta con pruebas de VIH a braceros haitianos que recién ingresaban al país. Cuando reportamos al Dr. Ney Arias que teníamos 54 personas VIH positiva, nos pidió disponer su deportación.

A pesar del terror de la población hacia el SIDA, le aconsejamos que eran pruebas voluntarias y confidenciales, y si los deportamos perderíamos su confianza y ningún otro accedería al servicio de manera voluntaria, se iban a esconder o regresar de manera subrepticia y como el VIH no se contagia casualmente, era mejor registrarlos, seguirlos y tratarlos. -Medida que fue aceptada y aplicada-.

Es irracional pensar que médicos y enfermeras en nuestros hospitales, van a violar el juramento médico, negando la atención al parto a una mujer por asumir que es inmigrante indocumentada. Tampoco será la Dra. Altagracia Guzmán, actual Ministra de salud y de trayectoria médica impecable, quien se va prestar para avalar una medida de esa naturaleza.

El artículo 3 de la Ley Nacional de Salud 42-01 establece el derecho a la salud de todos los dominicanos y dominicanas y las y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. Asimismo, el prin¬cipio de Universalidad de la Ley 87-01 plantea que el SDSS “deberá proteger a todos los dominicanos y a los residentes en el país, sin discriminación por razón de salud, sexo, condición social, política o económica.

Un parto normal (75% de los casos) cuesta al Estado unos $3,000.00 y una cesárea menos de RD$ 5,000.00, por tanto eso de 5,000 millones de pesos en la atención de las parturientas haitianas es una información que hay que revisar, sobre todo, cuando ninguno de los registros de Salud Pública, notifica más de 30,000 partos en extranjeros al año.