La semana pasada, el país fue sede de la XVIII Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana (RESSCAD) que congregó a ministros/as de salud de diez países centroamericanos y caribeños, quienes con personas técnicas y autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evaluaron las políticas y estrategias de salud de la región.

Estas personas representantes desde el puesto más alto como ministras y ministros de salud, olvidaron -o no quisieron conocer- como gran epidemia regional la violencia contra las mujeres, un problema grave de salud que mata a miles de mujeres al año en la región de Centro América y El Caribe.

Por su lado, nuestro Ministro de Salud, una vez más relegó el tema, mostrando un Estado dominicano indolente y desinteresado por el sufrimiento de las mujeres, pese a que, mientras se celebraban el evento, terminábamos una semana sangrienta con la ocurrencia de más de una docena de feminicidios en cadena, situación más que suficiente para declarar al país en emergencia nacional por esta causa.

Todos los ministerios deberían poner sus presupuestos y los mecanismos necesarios para montar una gran estrategia de prevención que vaya más allá de las manifestaciones tradicionales de marchas, declaraciones solidarias, eslóganes sin respuesta, etc., que solo sirven para conmover al pueblo ya suficientemente impresionado- y conformar intenciones particulares, satisfechas con el discurso apenado y la caminata.

Precisamente, en estos momentos en que la Cámara de Diputados conoce el Proyecto de Presupuesto General del Estado, ya aprobado en el Senado en dos lecturas consecutivas, es propicio para que, en una actividad cumbre de salud pública, se evidencie la necesidad de incorporar la atención a la violencia contra la mujer en el presupuesto nacional, con carácter de urgencia.

Necesitamos establecer una línea de políticas públicas a partir del sistema de Salud Pública, para prevenir estos feminicidios, aplicando de una vez por todas las Normas Nacionales y su Protocolo, que existen desde el año 2001, pero el Ministerio de Salud dominicano, en todos estos años, solicitándoselo por todas las vías posibles, no entiende que la Violencia Contra la Mujer es un problema grave de salud pública y esta vez, la OPS tampoco lo tuvo en cuenta.

La justicia penal dominicana, especialmente el Ministerio Público, es la única en hacer una inversión, insuficiente pero proactiva, para la atención a la violencia contra las mujeres, admitiendo que sola no ha podido prevenir y los feminicidios van en aumento cada vez más.

Salud Pública y Educación, están en deuda con las dominicanas por no reaccionar y prepararse para detectar y establecer las líneas necesarias para impedir que esta escalada siga subiendo desde sus realidades.