Santo Domingo.- La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), informó este martes que realiza una investigación para determinar los funcionarios penitenciarios responsables de permitir a Fausto Miguel Cruz de la Mota, preso por el asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, hacer una llamada a un medio de comunicación de unos 20 minutos el lunes, denunciando que le niegan atención médica.

A través de un comunicado de prensa, la DGSPC dijo que la experticia la realiza la subdirección de Seguridad e Inteligencia que dirige el coronel Manuel Polanco, quien en estos momentos se encuentra en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najyo Hombres, para tales fines.

Cruz de la Mota denunció que lleva más de un año sin recibir asistencia médica pese a presentar problemas de salud que implican dificultad para respirar y dolores en el pecho, fruto de una operación del corazón.

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“Ahora temo de muerte hacia mi persona y hago responsable de cualquier cosa que me pase a Luis Abinader, por estarme negando atención médica que requiero urgente por mi condición de salud, ya que no puedo respirar casi, me duele la herida de la operación que tengo en el pecho”, dijo a periodistas en el programa el Sol de la mañana, por Zol 106.5 FM.

Al respecto, la institución del sistema penitenciario informó que, desde su ingreso al sistema penitenciario, Cruz de la Mota ha recibido asistencia médica por parte de los galenos del sistema y de centros de salud privados del país.

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La DGSPC reveló que según registra el libro de asistencia de la institución, Cruz de la Mota ha sido visto por especialistas de la salud, en todos los momentos que lo ha requerido.

La institución dijo que actúa en cumplimiento a la Ley 113-21, sobre Régimen Penitenciario, la cual, entre los derechos de los privados de libertad, establece el derecho a la salud y a la comunicación telefónica, y cuyo uso de dicha comunicación está reservada para sus familiares y representantes legales, según lo establece el artículo 4 numeral 11 de la Ley.

“La DGSPC, es la autoridad penitenciaria responsable de evitar que las personas privadas de libertad continúen agrediendo a la sociedad durante el cumplimiento de su condena, y para esto lleva a cabo el Plan de eliminación de teléfonos no autorizados en los centros penitenciarios del país, con el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio de Interior y Policía y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) , con resultados positivos”, indica el comunicado.

Precisa que como parte de este plan ha sido posible el desmantelamiento de estructuras de conexión a internet que se encontraban habilitadas en los centros penitenciarios y la incautación de equipos de comunicación que eran utilizados por privados de libertad para cometer ilícitos.

Para garantizar el derecho a la comunicación de los privados de libertad, dijo que ha instalado 214 Comuniagencias, en coordinación con la PGR, las cuales fueron distribuidas en todos los centros penitenciarios a nivel nacional.

Se recuerda que Cruz de la Mota fue condenado a 30 años de prisión por la muerte el 7 de julio de 2022 de Jorge Mera, en su despacho del Ministerio de Medio Ambiente.