Será la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que decidirá y si fue bien o mal aplicada la ley en la condena impuesta a los ex ejecutivos del desaparecido Banco Mercantil, Andrés Alejandro Aybar y Evelin Pérez Montandon, sentenciados a 5 y 3 años de prisión.
Además fueron condenados al pago de una multa de un millón y 500 mil pesos, respectivamente.
El doctor Marino Elsevif Pineda dijo que la Suprema tendrá la última palabra en la decisión adoptada por la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional integrada por los jueces Manuel Ulises Bonelly, Doris Pujols e Ysis Muñiz Almonte, que ratificó las condenas.
La Corte ratificó el descargo a Rafael Oller Santoni, Ramón Aref Henríquez Risk, Rafael Faxas Flores y Juan Rafael Reyes Maríñez, tras rechazar los recursos de apelación del Banco Central y la Superintendencia de Bancos.
Los jueces ratificaron la decisión emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, consistente en una multa de 1.5 millones de pesos y 20 millones a favor de la Superintendencia de Bancos, como justa reparación por los daños y perjuicios.
Pérez Montadon y Moya Hernández fueron encontrados culpables de alteración y ocultación de datos, uso de documentos falsos y estafa contra el Banco Central.
La sentencia fue endurecida en su contenido, la única variación en cuanto a las condenas fue la inclusión de Moya Hernández, ex encargado de Contabilidad del Mercantil, contra quien los jueces encontraron elementos suficientes que lo vincularon a los hechos.
Los jueces indicaron en su sentencia el rechazo de los recursos de apelación del Banco Central y precisaron que no están facultados para pedir penas en el caso.
Sobre los inculpados Flores, Reyes y Oller determinaron que la persecución no se hizo en la forma correcta, tampoco recurrieron el no ha lugar a favor de Moya y Henríquez en primer grado.
Los jueces dispusieron mantener el cese de la medida de coerción contra los ex ejecutivos bancarios, consistente en impedimento de salida del país. Los abogados de Aybar Báez, doctores Elsevif Pineda y Rosario, anunciaron que recurrirán la decisión en casación.
El fraude bancario consistió en la alteración de los estados financieros del Banco Mercantil y presentarlos a la Autoridad Monetaria y Financiera, violentando el artículo 147 del Código Penal.
Con relación a Reyes Maríñez, el tribunal declaró su absolución, por no haberse podido establecer que falsificara ningún documento o usara de éste.
Ni tampoco que los hechos llevados a cabo por él constituyeran maniobras fraudulentas para que se le entregaran fondos del Banco Central.
El fiscal Francisco García Rosa dijo que la sentencia emitida dio ganancia de causa al Ministerio Público debido a que fueron acogidos la mayoría de los medios planteados en el recurso de apelación de la Dirección de Persecución de la Corrupción, incluyendo el que pidió condena para Moya, que estaba absuelto.
Las demás partes no precisaron si lo harían o no.

