Esta semana es crucial para que los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario (PRD), negocien la aprobación del proyecto de ley orgánica del Tribunal Constitucional (TC), porque la próxima concluye la convocatoria extraordinaria del Poder Ejecutivo.

El miércoles 16 concluye la convocatoria que hizo el 16 de enero el presidente Leonel Fernández al Congreso Nacional para que conozca los proyectos pendientes que adecuan leyes a la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010.

Entre esas iniciativas están la del TC, del Defensor del Pueblo, el proyecto de ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) entre otros.

El conocimiento de la pieza está paralizado, debido a la posición de los diputados perredeístas de condicionar su apoyo a que se consigne que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) pueden ser revisadas por el TC.

Sin los perredeístas no puede aprobarse esa iniciativa, debido a que se requiere el voto favorable de las dos terceras partes que no tiene el PLD y sus aliados.

El presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, defendió la modificación que hizo el Senado al TC para impedir que este revise los fallos de la SCJ.

Esa posición de Pared Pérez es apoyada por el reformismo, quien ha dicho que la revisión de las sentencias del TC, crearía un clima inseguro a las inversiones y un caos en la justicia.

El diputado reformista, licenciado Víctor Bisonó Haza (Ito) dijo recientemente que la modificación de las sentencias de la SCJ por otro órgano, podría dilatar los procesos.

Argumentó que una persona que sea condenada por la SCJ por determinado delito podría argumentar que se violó uno de sus derechos y recurrir ante el TC y sería la de nunca acabar.

En tanto, el PRD sostiene que si las decisiones de todos los organismos del Estado serán revisadas por el TC, incluyendo las del Congreso Nacional que define como el primer poder del Estado, por qué no hacerlo con la SCJ.

El Poder Ejecutivo designó una comisión de juristas para asesorar a la Cámara de Diputados en el conocimiento del proyecto de ley orgánica del TC.

Los comisionados se han reunido en varias ocasiones, pero no han producido un informe final, debido a divergencias entre sus miembros sobre la legalidad y conveniencia de que las sentencias de la SCJ sean revisadas por el TC.