El Gobierno dio un plazo hasta el jueves para que Haití desista de desviar el río Masacre, o dispondrá el cierre total de la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo, además de anunciar la suspensión de visados a ciudadanos haitianos y el impedimento de entrada a todos los involucrados en el conflicto.

Al término de una sesión del Consejo de Seguridad Nacional, encabezada por el presidente Luis Abinader, también se anunció que se mantendrá cerrado el paso fronterizo por Dajabon y se reactivará la toma del río Dajabon, a la altura del canal La Vigía, para garantizar abastecimiento de agua a los productores dominicanos.

El conflicto provocado por la reanudación de los trabajos de construcción del lado haitiano de un canal que desviaría el curso del río Masacre, se agudiza con las medidas asumidas por el gobierno dominicano, ante la negativa de paralizar esa obra, denunciada como violatoria a acuerdos arribados por ambas naciones.

Lo más difícil de esa repentina crisis sería que el gobierno dominicano no tiene interlocutor válido en Haití para ejercer un diálogo fructífero, toda vez que el primer ministro, Ariel Henry, ha dicho que su gestión nada tiene que ver con esa construcción, pero que tampoco puede impedirla por carecer de fuerza.

Las autoridades dominicanas solicitarán una reunión bilateral de la mesa hídrica binacional para acordar una solución definitiva al impasse, aunque con respecto al gobierno haitiano se diría que si carece de autoridad para detener el desvío del Masacre, menos podría articular una salida a un problema tan serio.

La decisión oficial, de iniciar cuanto antes la construcción de la presa Don Miguel sobre el río Dajabón, con una inversión proyectada de RD$2,500 millones, se presenta como una solución definitiva a largo plazo, pero el inconsulto desvío del Masacre se interpreta como una afrenta a la soberanía nacional.

En medio de la indignación o enojo en el Gobierno y la sociedad dominicana, no debería olvidarse que Haití representa el segundo mercado para las exportaciones nacionales, con valor registrado en 2022 de más de mil millones de dólares.

Lo aconsejable sería que el gobierno dominicano afronte esta delicada crisis, azuzada por intereses haitianos, con cabeza fría, con firmeza, con la ventaja que dispensa tener la razón, así como el compromiso de defender la soberanía nacional.