Todo apunta a que la Asamblea Revisora va a modificar el artículo 49 de la Constitución vigente, en el orden de eliminar la reelección presidencial sucesiva, de acuerdo con lo pactado por el presidente Leonel Fernández y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, ex candidato del Partido Revolucionario Dominicano.

Con la modificación constitucional preindicada, Leonel Fernández, liberado de las presiones que ejerce la búsqueda del poder desde el poder, puede abocarse a la introducción de cambios que le conecten mejor con la población y que le permitan al Partido de la Liberación Dominicana reencontrarse con los fundamentos que le dieron origen.

Cualquiera que sea el próximo candidato presidencial del PLD, va a necesitar una buena plataforma para convencer a los dominicanos de que el partido morado es la mejor montura para alcanzar los cambios estructurales que reclama la sociedad. Y la única manera de construir esa plataforma es ejecutando, desde el gobierno, políticas con resultados capaces de fijar en la memoria de los dominicanos la impronta de que el PLD lo hizo bien y se ha ganado el derecho a continuar.

Entre los muchos cambios pendientes, se me ocurre plantearle a la Presidencia de la República, a los congresistas y a cualquier otro estamento de poder, la conveniencia de emular lo que se acaba de aprobar en los Estados Unidos de Norteamérica, a iniciativa del presidente Barack Obama, en cuanto a transparentar el manejo y uso de las tarjetas de crédito, por parte de la banca comercial.

En Norteamérica, al igual que en otras naciones, los operadores de tarjetas de crédito están incurriendo en abusos que afectan la economía de los más pobres, frente a la indiferencia de las autoridades monetarias, responsables del control y la regulación de las políticas financieras de la nación.

Los excesos cometidos contra los usuarios de las tarjetas de crédito, van desde los contratos de adhesión elaborados con la expresa intención de que nadie se percate de su contenido, hasta la aplicación de tasas de interés leoninas, ejecutadas, no sobre el balance insoluto, sino sobre el monto del crédito original, lo que constituye un atentado contra la economía de los tarjetahabientes.

Se pudiera alegar, que nadie está obligado a solicitar y a obtener una tarjeta de crédito, y, por tanto, puede evitarse estos contratiempos. Pero viene a ser que el crédito, más que una práctica, es un derecho de los ciudadanos en el sistema capitalista, y eso basta para que el Estado intervenga, regulando esa actividad.

Por otra parte, hay que frenar la irresponsabilidad de los bancos con la expedición de tarjetas de crédito sin apreciar los ingresos y la solvencia económica de los beneficiarios. En ese orden, es indispensable establecer requisitos mínimos para la concesión de estos documentos de crédito.

La alternabilidad de los partidos y de los presidentes en el ejercicio del poder, de poco o nada sirven, si no están acompañados de cambios reales y efectivos. Se cambia cambiando.