La modificación del Código Procesal Penal para que no se les conceda fianza a las personas sometidas por narcotráfico o un crimen horrendo, fue apoyada ayer por el procurador general de la República.

El doctor Radhamés Jiménez Peña coincidió con numerosos sectores opuestos a que a esas personas sometidas por narcotráfico y crimen horrendo se les otorgue garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida como medidas de coerción.

El funcionario judicial recordó casos de narcotráfico y crímenes de sangre en los que el ministerio público ha reiterado su oposición a la garantía económica.

Entiende Jiménez Peña que una persona que represente un peligro inminente para la sociedad no puede estar en la calle, ya que pone en riesgo la vida suya, la de su familia y la de la sociedad.

Desde la aprobación del Código Procesal Penal ha recibido críticas de distintos sectores el hecho de que connotados criminales y narcotraficantes que actúan a plena luz del día logren su libertad con suma facilidad después de haber cometido un crimen.

Esos sectores entienden que el auge de la criminalidad y la violencia se debe en gran medida a que esas personas reinciden en sus acciones, amparadas en la disposición que prohibe que estén presas más de 48 horas si no son encontradas pruebas en su contra.

Connotados abogados han afirmado que el mejor aliado de los delincuentes ha sido el nuevo Código Procesal Penal, ya que aunque la Policía y la Dirección Nacional de Control de Drogas apresen a los delincuentes, si no aportan las pruebas correspondientes, los detenidos son devueltos a las calles en poco tiempo.

Es presidentes de la DNCD como el general Rafael Radhamés Ramírez Ferreira, se quejaron en el pasado reciente por la facilidad con que los jueces ponen en libertad a connotados narcotraficantes.

Aunque el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, defendió el trabajo de los jueces, ha tomado medidas contra algunos magistrados a los que se acusa de alegada prevaricación.

Algunos magistrados se han defendido alegando que los expedientes que se les ha entregado han sido mal instrumentados.

Se ha dado el caso de narcotraficantes presos en cárceles del país, que mantienen sus operaciones sin ninguna alteración, siendo el caso más reciente el de un presunto narcotraficante preso en Najayo, que organizó la huida hacia Miami del ex oficial naval Edward Mayobanex Montero Rodríguez, implicado en la matanza de Paya Baní, evidenciando el poder del dinero para comprar voluntades.

Por otro lado, el procurador general se mostró de acuerdo con que se le haga auditoria a las declaraciones juradas de los funcionarios para verificar la autenticidad de los bienes declarados.

Jiménez Peña reiteró que favorece el experticio a los bienes de los funcionarios involucrados en las declaraciones que son aportadas, para comprobar si lo que han declarado se corresponde con lo que la persona tiene en realidad.

Jiménez Peña se expresó en esos términos luego de participar en el acto de ratificación de una firma de acuerdo entre la Secretaría de la Mujer y la Procuraduría.

El funcionario se mostró en desacuerdo con la puesta en libertad de un empresario, a quien un juez de la instrucción le otorgó una garantía económica, luego que fuera acusado de ser el propietario de un furgón con potes de cocaína líquida camuflados como shampoo, pero anunció que el ministerio público interpondrá un recurso de apelación por no estar de acuerdo con la sentencia.

Preguntado sobre la versión de que una fiscal adjunta de Baní renunció, alegadamente porque el fiscal de esa jurisdicción Robert Lugo protege a los narcotraficantes, Jiménez Peña prometió investigar la denuncia, siempre y cuando reciba la renuncia de la funcionaria.

Reiteró que esperará que la fiscal adjunta remita su renuncia, e inmediatamente investigará la situación presentada para luego ordenar una investigación al respecto.