La Procuraduría General de la República sometió ante los tribunales a uno de sus miembros acusado de exigir un soborno que incluía 200 mil dólares, un vehículo y un reloj de alta gama a una persona bajo su investigación por una infracción penal relevante, por lo que, literalmente, el Ministerio Público se persigue a sí mismo.

El procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara fue arrestado en el momento que recibía 10,000 dólares, en el marco de una entrega controlada autorizada por un tribunal, según figura en el expediente incoado por la institución de la que forma parte desde 2015 y desde hace varios años, en el órgano especializado en casos de corrupción en la administración pública (Pepca).

En el expediente instrumentado por el Ministerio Público se consigna que el magistrado imputado habría solicitado inicialmente 200,000 dólares, pero que posteriormente lo redujo a US$150,000, además de pedir un vehículo Mercedes Benz y un reloj Rolex.

Se trata de un caso escandaloso que involucra a un funcionario público que participaba en la investigación de uno de los casos de corrupción de mayor repercusión económica, social y política, lo que obliga al Ministerio Público a evitar que esa mancha se torne indeleble.

El Código Procesal Penal (CPP) y la Ley Orgánica del Ministerio Público establecen que el fiscal actúa con independencia funcional, pero dentro de una estructura jerárquica, lo que implica que ese procurador disponía de relativa autonomía en los casos que investigaba.

Se supone que ese grado de independencia funcional y técnica garantiza que las pesquisas se sustenten en la objetividad y la unidad de criterio, en virtud del principio de indivisibilidad del Ministerio Público.

Las diligencias procesales se realizaban en base a la unidad del Ministerio Público, limitada por la subordinación jerárquica, lo que significa que debió conducir la investigación con libertad de criterio, pero sujeto a la cadena de mando, la cual, según la acusación, habría irrespetado.

Por tratarse de una posible infracción criminal que implica a un procurador adjunto, el Ministerio Público no solo afronta un caso de prevaricación o soborno, sino que, en términos éticos y morales, se persigue a sí mismo, con el compromiso de evitar que esa mácula afecte otros expedientes en curso.