Independientemente de que la Junta Central Electoral sea culpable de la abortada elecciones, la salida menos traumática, después de analizar todas las posibles alternativas, es continuar con ese tribunal, en la medida en que sea revestido de seguridad y garantía para el certamen del 15 de marzo.

Hay sobradas razones para protestar en contra de esa JCE, a pesar de la disculpa pública dirigida por Castaños Guzmán. La disculpa no es suficiente. El daño a la democracia no hay forma de reponerlo, pero ese órgano está en capacidad de establecer el origen y los autores del sabotaje del pasado domingo.

El anuncio de nuevas elecciones tiene que estar acompañado de una explicación, con lujo de detalles, de las razones que provocaron la cancelación del torneo anterior. Es una tarea pendiente que el electorado demanda con prontitud a la JCE, cuyos miembros deben de seguir en sus puestos hasta agotar el período por el cual fueron escogidos por el Senado de la República.

No es aconsejable abocarnos al pedido de renuncia de los jueces de la JCE, pues serían sustituidos por los suplentes, que son cinco miembros del Comité Central del PLD. Y para la destitución sería un proceso largo y donde los perjuicios para la población podrían ser mayores. Para ser destituidos ( ver numeral 1 del Art. 83 de la Constitución) se requiere que las dos terceras partes de la Cámara de Diputados apruebe su sometimiento ante el Senado por faltas graves en el ejercicio de sus funciones. ¿Y a quién responde el Senado?

El Senado podría, conforme al numeral 4 del Art. 80 de la Constitución, ratificar o destituir a esos jueces, pero también podría darle larga al caso. Y si las elecciones no se celebran antes del 24 abril, fecha en que deben de juramentarse las nuevas autoridades municipales, obligaría a una reforma constitucional, la cual llevaría, entre otras eventuales posibilidades, a unificar las elecciones para el 20 de mayo y el embrollo sería mayor.