La senadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Bahoruco, Melania Salvador proponente del proyecto de ley orgánica que regula la protección al derecho, a la intimidad, al honor, al buen nombre y la propia imagen, defendió su iniciativa, pero dijo que no tiene problema en que la misma sea modificada y se corrija lo que se entienda. Negó al mismo que el proyecto busque amordazar a los medios de comunicación en la República Dominicano como han señalado algunos sectores.
Sostuvo que el proyecto no busca proteger ni a funcionarios ni a políticos, como se ha insinuado sino defender la dignidad humana, que es un derecho consagrado en la Constitución de la República.
“No me explico dónde es que está el meollo de este proyecto y yo podría decirle que la protección efectiva de los derechos fundamentales como es el caso del derecho a la intimidad es indispensable para garantizar la dignidad humana que es donde nosotros enfatizamos”, sostuvo la senadora Melania Salvador.
Añadió que “por eso el Congreso es bicameral cualquier cosa que se apruebe en el Senado y se entienda que hay algo incorrecto pues en la Cámara de Diputados se estudia y se le buscan los correctivos si es que hay alguna falla”.
Lamentó que hayan algunos obsesionados y dijo que el proyecto no busca proteger ni a funcionarios ni a nadie que haya la cosa mal hecha, sino proteger la dignidad humana, y que lo está haciendo en su función de senadora.
La senadora del PRM recordó que es función del Estado Dominicano la protección la dignidad individual de cada persona, la intimidad, la equidad.
Salvador dijo que elaboró el proyecto que regularía el derecho a la intimidad basándose en la modificación constitucional del año 2010, donde a su entender hay artículos que requieren ser fortalecido.
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“Y no tenemos inconveniente de si hay algún articulado que contravenga el derecho de alguna persona, que también sea modificado, porque no estamos buscando coartar a nadie; lo que estamos buscando es la protección de los derechos de cada ser humano. No se por qué este proyecto ha traído tantas discusiones, porque nosotras como presidenta de la Comisión de Asuntos de la Familia y Equidad de Género siempre hemos propugnado porque a las personas se le respeten sus derechos íntimos, tanto personal como familiar y en ningún momento nuestro proyecto busca coartar lo que es la libertad de expresión”, afirmó la legisladora oficialista.
Agregó que “este proyecto en ningún momento busca proteger a funcionarios ni al que haga las cosas mal hechas, lo que busca es proteger la dignidad humana”.
Rechazó que el proyecto sea un traje a la medida para los políticos o los servidores del Estado.
Los opositores
Entre los sectores que critican el proyecto están el Movimiento Cívico Participación Ciudadana y la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), quienes coincidente en denunciar que la pieza crearía un régimen de censura previa en el país, pues para hacer pública una información habría que tener el permiso de los involucrados en los hechos, previo a difundirla.
Igual posición sustenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien adelantó que recurriría ante el Tribunal Constitucional si el Congreso aprueba el proyecto.
Para Participación Ciudadana el proyecto es violatorio de la Constitución de la República que garantiza la libertad y expresión del pensamiento.
Añadió que está seguro que si aprueba el Tribunal Constitucional también lo rechazaría porque ya en la Ley de Partidos Políticos se trató de establecer penalidades para los medios de comunicaciones y redes sociales que hicieran comentarios negativos a los dirigentes políticos en la campaña, y fue declarado ilegal por la alta corte.
Mientras la FJT dice que el proyecto es un traje a la medida para beneficiar a los políticos y a los funcionarios del gobierno a los que se podría cuestionar sin su consentimiento.
