Siempre que se circunscriba al marco de la ley y que se hayan previsto todos los escenarios para favorecer y no perjudicar a las empleadas es hasta loable que el Ministerio de Trabajo regule el servicio doméstico. Sea por comodidad o necesidad el trabajo doméstico se ha tornado imprescindible para un sector social.

Esas servidoras, que en muchos casos se integran a la familia de los empleadores, son dignas de que se les garanticen todos sus derechos. El problema puede estar en la insolvencia de muchos para cumplir con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Trabajo.

Esas familias tendrán que despedir a las trabajadoras y buscar otra fórmula que les cuiden niños o preparen el almuerzo a estos cuando lleguen del colegio. Por esos es importante que se hayan ponderado todos los factores para evitar que en lugar de beneficiar se perjudique a las mujeres que prestan servicios domésticos con la pérdida del trabajo.

El quid del asunto no está solo en los salarios, que serán de mutuo acuerdo, sino en el papeleo a que tendrán que someterse tanto las trabajadoras como los empleadores. Sin embargo, la resolución no deja de ser buena.