El asesinato a cuchilladas en la cárcel La Victoria de un recluso que cumplía medidas de coerción por supuesto vínculo con la banda de narcotraficantes, que dirige el fugitivo boricua José Figueroa Agosto, presenta al sicariato como un enclave criminal que ha sentado raíces en la angustiada sociedad dominicana.

Los primeros informes indican que José Gabriel Arias Castillo (alias El Pelotero) fue ultimado de seis puñaladas inferidas por otros dos reos que habrían confesado que recibieron 200 mil pesos de un tercer recluso apodado El Boxeador, para que perpetraran el hecho.

Para que se tenga una idea de quién era la persona asesinada, se señala que fue apresado en Villa Mella mientras conducía una camioneta en cuyo interior las autoridades dicen que ocuparon 293 kilos de cocaína, nueve fusiles, dos ametralladoras, un rifle con miras telescópica, seis pistolas, un rifle, un silenciador y casi tres mil cápsulas para pistolas.

Hay razones para intuir que grupos de matones a sueldo, con sobrada capacidad logística, operan desde hace tiempo en territorio nacional al servicio de cárteles del narco y de todo quien posea recursos para financiar el crimen e imponer el terror.

Otros asesinatos atribuidos a grupos de sicarios son los perpetrados, el 24 de diciembre, contra el coronel José Amado González y González, cuando llegaba a su residencia en la avenida Anacaona, junto a su esposa; de Ramón Antonio Polanco, acribillado el primero de febrero frente al estacionamiento del supermercado Carrefour, y de Alfredo Rodríguez, muerto de 36 balazos, en La Romana, hace tres semanas.

Las cárceles no están exentas de los asesinatos por encargo, como parece ser el caso de El Pelotero, muerto en el estadio de softbol por dos reclusos, presos por robo agravado, que simularon una riña y que luego alegaron que cometieron el hecho por pago y encargo de otro reo.

El sicariato constituye el último peldaño en la escala de criminalidad que asola a la nación, por lo que su visible asentamiento y capacidad operativa se recibe como una gran tragedia que la sociedad no merece sufrir, máxime si esas hordas asesinas están ligadas al narcotráfico y lavado de activos.

Se reclama de fiscales, jueces y policías el cese de paños tibios, negligencias y complicidades, y se exige enfrentar con máxima determinación el auge del narcotráfico y el surgimiento de hordas de asesinos a sueldo que sientan raíces sobre una nación asolada por la violencia y la criminalidad.