Los sometimientos hechos por el departamento que tiene que ver con el control de la corrupción, a menudo se pierden en los laberintos judiciales.

En consecuencia, lo que debería hacerse es aplicar lo que los abogados llaman el fardo inverso de la prueba, que consiste, no en someter a la Justicia al funcionario que se sospecha que es corrupto, sino obligarle a que demuestre, sin que quede misterio alguno, cómo adquirió los bienes que posee.

Es preciso también aplicar los recursos tecnológicos actualmente disponibles para rastrear aquellos capitales ilícitos que han ido a parar a los llamados paraísos fiscales.

Es un signo de mala fe el hecho de que muchos funcionarios y legisladores no cumplan con la Ley, negándose a declarar los bienes que poseen. En este aspecto, por cierto, existe una una laguna de muy difícil cruce. Me refiero a la verificación en el terreno de los bienes inmuebles que dicen poseer aquellos funcionarios y legisladores que han declarado su patrimonio.

Si nos atenemos a lo que dicen los entendidos en el sentido de que la corrupción lo malea todo, forzosamente hay que llegar a la conclusión de que nuestra democracia corre enorme peligro, pues la corrupción es parecida a un cáncer que hace metástasis y se extiende a toda la sociedad.

Si un país afronta con perseverancia la corrupción y la falta de educación, no solamente erradicará una lacra social, sino que además, al tener ciudadanos educados, hay garantía de que serán elegidos gobernantes y funcionarios, que serían las personas idóneas para dirigir los destinos del país.

En el logro de esa meta, por el bien de la democracia dominicana, debemos participar todos.