El Servicio Nacional de Salud (SNS) ha desmentido que el fallecimiento de 14 niños durante el fin de semana en el hospital de maternidad Nuestra Señora de la Altagracia haya sido causado por carencia de equipos o de medicamentos, como denunció el Colegio Médico Dominicano (CMD).

Un informe del Servicio Nacional de Salud (SNS) revela que las parturientas que perdieron sus niños fueron trasladadas desde otros centros en estado crítico, con diagnósticos de hipertensión, preclampsia, dolor de estómago y convulsiones, que ponen en peligro la vida de las embarazadas.

El Colegio Médico está compelido a ofrecer un informe forense que sostenga su denuncia sobre la muerte de esos infantes por carencia de servicios en ese centro de maternidad o admitir que las causas fueron las que señalan las autoridades.

Es claro que el Gobierno incurrió en un exceso al intervenir decenas de hospitales para su remodelación y reequipamiento sin previamente identificar las fuentes de financiamientos, por lo que no pocos centros hoy se desenvuelven en medio de precariedades.

Aun así, no resulta del todo ético que el gremio médico precipite una denuncia de tanta gravedad como la de atribuir la muerte de 14 infantes durante un fin de semana a la carencia de equipos o de medicamentos en un hospital público, a menos que se ofrezcan las pruebas pertinentes.

Tampoco se debería exigir el cierre pura y simple de los hospitales de maternidad San Vicente de Paúl y de La Altagracia, objetos de remodelación, porque sería como condenar a miles de parturientas pobres a que den a luz en la vía pública. Lo sensato debe ser que se procuren vías alternas de soluciones.

Lo que el Gobierno, Colegio Médico ni la sociedad pueden ni deben ocultar es que la mayoría de las mujeres pobres ingresan a las maternidades públicas con deplorables cuadros clínicos o diagnósticos médicos asociados con la marginalidad y la exclusión, incluidos los casos de menores de edad y de miles de parturientas haitianas.

Un drama de esa magnitud no merece la condición de obra teatral o de provecho político, porque el Gobierno está obligado a garantizar a la población acceso a servicios dignos y eficientes de salud y el gremio médico a reclamarlo sin mayores aspavientos ni exageraciones.