Son numerosos los acuerdos y convenciones de colaboración jurídica que ha suscrito el Estado dominicano para promover la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, bajo el precepto de que si la delincuencia atraviesa la frontera, lo mismo debe hacer la ley.

Una de esas convenciones auspiciada por Naciones Unidas (ONU), compromete a las naciones suscribientes a aunar esfuerzos en la prevención y persecución de crímenes y delitos tales como terrorismo, trata de personas, narcotráfico y lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

En ese marco de cooperación internacional deberían insertarse los encuentros que ha sostenido el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, con sus pares de Estados Unidos, Brasil y otras naciones.

Los principios de soberanía y de autodeterminación no corren ningún riesgo cuando el Ministerio Público requiere el concurso de otras instancias jurídicas internacionales para esclarecer un caso de infracción penal que trasciende las fronteras nacionales.

El caso de Odebrecht reúne los elementos constitutivos del tipo de ilícito penal tipificado como de delincuencia organizada transnacional, por lo que el procurador general puede requerir concurso o auxilio de otros países para su esclarecimiento, identificación de los delincuentes y posterior sanción penal y civil.

Si de verdad se aspira o se anhela a que quienes incurrieron en soborno, y por vía de consecuencia en lavado de dinero, sean castigados ejemplarmente, no debería censurarse que el Ministerio Público solicite colaboración del fiscal general de Estados Unidos, de Brasil o de cualquier otra nación.

Al juez o al fiscal se les puede recusar por las vías que señala la ley, con la presentación de pruebas o evidencias que comprometan su probidad e imparcialidad en el pronunciamiento de una sentencia o dictamen, pero nunca con acusaciones que puedan ser interpretadas como afrentosas o infamantes.

Gobierno, oposición y mentadas organizaciones de la sociedad civil deberían prestar absoluta colaboración al Ministerio Público en la tarea de investigar, acusar y reclamar sanciones para todos los involucrados en el caso Odebrecht, pero sin sobrepasarse.