En apenas 12 horas del lanzamiento de la “Operación Garantía de Paz 2.0” las autoridades dicen que arrestaron a 34 presuntos delincuentes, depuraron en las calles a 33,393 motocicletas, de las cuales retuvieron más de mil, confiscaron 281 armas blancas y cuatro de fuego y como si fuera poco detuvieron a 91 indocumentados.

A juzgar por esos resultados, la ofensiva, anunciada por los ministros de Interior y de Defensa, Faride Raful, Carlos Antonio Fernández Onofre y por el director de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, tendría efecto de ciclón batatero contra la delincuencia y a criminalidad asentada en barrios populares y sectores residenciales.

La ministra Raful ha dicho que la operación contempla refuerzo de patrullaje preventivo, labores de inteligencia y operativo focalizado con el propósito de reducir la incidencia delictiva, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, micro tráfico de drogas y venta de bebidas alcohólicas adulteradas, entre otros ilícitos.

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Sin dudar sobre la pertinencia de ese programa dirigido a contener la delincuencia y la criminalidad, se supone que la Policía, con la cooperación de organismos de inteligencia y del Ministerio Publico, encamina cada día acciones para prevenir e investigar la comisión de crímenes y delitos.

Por su naturaleza e intensidad, la “Operación de Paz 2.0”, constituye una acometida de carácter extraordinario con la participación o confluencia policiaco militar, señal de que las autoridades han detectado algún deterioro en las niveles de seguridad ciudadana.

Este tipo de operativo, intenso y multidisciplinario, sustituye otros aplicados por efectivos policiales y militares que se centraban en una determinada barriada con el propósito de desmantelar madrigueras de traficantes de drogas, sicarios y atracadores, entre otros delincuentes.

Ojalá que este programa se centre en datos puntuales que suministren organismos de inteligencia sobre localización de delincuentes o lugares de expendio de sustancias controladas, sin recurrir a las odiosas redadas durante las cuales se apresan a ciudadanos que no tienen conflicto con la ley.

Siempre que se trate de desalojar las calles de delincuentes, de proteger el derecho ciudadano a transitar libremente a cualquier hora del día o la noche, la población respaldará los esfuerzos de las autoridades por contener el crimen, con estricta aplicación de la ley, sin sobrepasarse.