Aunque la marcha al Hoyo de Frusia ayer no concluyó en los mejores términos porque efectivos de la Policía y militares dispersaron con bombas lacrimógenas y chorros de agua a los manifestantes, cumplió con el cometido de llamar la atención de la nación en torno a un evidente desenfreno migratorio imputable a las autoridades que lo permiten.

El incidente se produjo después que la marcha había recorrido un largo trecho, cuando participantes intentaron ingresar al barrio Mata Mosquitos, lo que fue impedido por un contingente policiaco-militar, en lo que se interpreta como una violación al derecho a la protesta pacífica.

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Lo deseable hubiese sido que esa jornada de protesta concluyera en completo orden, pero la abrupta interrupción puso en riesgo la integridad física de centenares de participantes, ninguno de los cuales incurrió en actos de violencia, por lo que se considera excesiva la acción atribuida a las autoridades.

El Hoyo de Frusia, ubicado en Verón, se ha convertido en emblemático asentamiento que acoge a miles de haitianos, la mayoría indocumentados, en condiciones de gueto matizado por violencia y criminalidad, enclavado en el centro del principal polo turístico de República Dominicana.

El Gobierno debió ser el más interesado de que esa marcha cívica completara su recorrido y culminara en completo orden como estaba previsto, por lo que no se entiende la irracionalidad de dispersar a bombazos y a chorros de agua a una multitud que reclamaba control migratorio y defensa a la soberanía nacional.

¿Acaso quienes ordenaron esa dispersión violenta de la marcha tomaron en cuenta el riesgo de que produjera un saldo de muertos y heridos? Llama la atención de que en vez de garantizar orden en el curso de esa manifestación, se procediera a su interrupción.

Es injusto estigmatizar como generadores de odio y violencia a participantes en una jornada pacífica de protesta por la creciente presencia en el país de ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, porque la verdad es que el control migratorio se reduce a repatriar indocumentados que ingresan nuevamente al amparo de la trata de personas y la corrupción.

Los diferentes sectores empleadores están compelidos a cumplir con la ley laboral y la de inmigración, sin contratar mano de obra barata o sobre explotada, generada por una población de indocumentados que luego conforman tugurios de inmigrantes ilegales como lo es el Hoyo de Frusia.