Lo que califico como una intromisión en las atribuciones del Poder Legislativo, tuvo su máxima expresión en la designación por parte del propio Presidente de la República de una comisión de expertos para asesorar al Congreso en la materia que se está discutiendo. ¿A quién se le ocurriría que el Poder Legislativo designe una comisión de notables para asistir al jefe del Estado ante un decreto que deba emitir?

Desde el punto de vista profesional y académico respeto mucho a los juristas que asistieron a la citada actividad, pero me permito disentir de las razones a partir de las cuales defienden su participación en la misma. Propiciaron, aun sin proponérselo conscientemente, la incongruencia de que expertos constitucionales, se estaban prestando a avalar un mecanismo disonante con los procedimientos establecidos por la propia Constitución para el independiente funcionamiento de los poderes públicos.

Ante hechos que, desde la perspectiva jurídica, están tan fuera de discusión, y dada la condición de abogado del primer mandatario de la nación, queda descartada la motivación académica en la iniciativa del encuentro de Funglode, como de forma un tanto ingenua me dijera el Lic. Alvarez Valdez.

Hace muchos años que el Presidente del PLD y de la República se constituyó en un permanente ejecutor del arte de la política. Eso, para nada, constituye un juicio de valor. No se está diciendo que eso sea bueno o malo, ni que lo haga bien o que lo haga mal. Lo que afirmo es que el Doctor Leonel Fernández es, por encima de cualquier otra consideración, un ente político y que, como tal, es necesario que todas sus iniciativas públicas sean visualizarlas desde la óptica de los propósitos políticos que a través de ellas, persigue. Eso es algo muy normal y comprensible, pero al mismo tiempo pone en evidencia la naturaleza equivocada de las evaluaciones que se hagan de su proceder, al asignarle motivaciones desprovistas de sustrato político.

Analizadas así las cosas, jamás podría valorarse como un ejercicio y una demostración de democracia, una acción que propicia todo lo contrario, es decir, una vulneración a la libre concretización de las reglas que determina ese sistema político y económico. De igual forma, mal podría catalogarse como un proceder poco democrático el hecho de que se disienta de lo que se ha hecho y mucho menos cuando tal discrepancia se ha sustentado en el reclamo de exigir estricto cumplimiento de la institucionalidad.