El jurista Julio Cury pidió hoy a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) someter al Congreso Nacional un proyecto de ley que consagre la prevaricación judicial como delito.

Dijo que esa es una facultad que le reconoce el numeral 3 del artículo 96 de la Constitución de la República, al alto tribunal para someter proyectos de ley.

Cury habló en esos términos a propósito del llamado hecho por el presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, durante la audiencia celebrada con motivo del Día del Poder Judicial, a los jueces que deciden los casos por miedo, capricho, amistad, familiaridad, conveniencias, contubernio o dinero, para que abandonen el Poder Judicial.

Tras calificar como insuficiente la solicitud de Germán Mejía a los jueces, reiteró la propuesta para que se instituya el delito de prevaricación judicial.

Dijo que de esta manera los jueces que dicten fallos manifiestamente contradictorios con el ordenamiento jurídico, o que vayan más allá de la mera ilegalidad producto de una interpretación errónea o discutible, sean penados correccionalmente y se les inhabilite para ocupar empleos públicos de dos a seis años.

Aseguró que para fortalecer la seguridad jurídica y la credibilidad del sistema judicial, no basta con separar a los jueces venales o incompetentes, sino que también es necesario limitar la convicción omnímoda del juez para evitar que falle, como expresó el magistrado Germán Mejía, por capricho, amistad o venalidad.

Sostiene que la solicitud del presidente de la SCJ revela lo que es un secreto a voces, de que algunos jueces cuyos nombres y apellidos son de todos conocidos, dictan con sospechosa frecuencia decisiones sin fundamentos legales, y peor aún, en base a hechos no acreditados o carentes de elementos probatorios que corroboren las pretensiones que antojadizamente consienten en sus sentencias.

Explicó que expulsar los jueces de sus cargos no basta, sino que también es indispensable tipificar penalmente sus faltas.

Sostiene que mediante la penalización de la ignorancia inexcusable, los jueces que el Consejo del Poder Judicial destituya por la comisión de faltas graves podrían ser también condenados a penas privativas de libertad.