En lo que se encuentra una fórmula para hacer los procesos electorales menos costosos, el Estado tendrá que cargar con el financiamiento del sistema. No hay de otra para evitar los traumas que históricamente tanto han afectado la organización de las votaciones.
Con tiempo la Junta Central Electoral (JCE), una estructura burocrática que opera en pocos países, ha planteado la necesidad de un presupuesto de 18 mil 742 millones 756 mil pesos para el próximo año.
El Gobierno le ha asignado algo más de ocho mil millones, lo que se traduce en una diferencia de más de 10 mil millones de pesos.
La JCE ha advertido que sin los recursos no garantiza el mejor desenvolvimiento de las votaciones municipales, que fijó para celebrarse el 18 de febrero de 2024, y las congresuales y presidenciales el 19 de mayo del mismo año.
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El Gobierno tendrá que sentarse con la JCE a analizar cada una de las partidas, aunque sin duda tendrá que buscar más recursos de lo presupuestado para el tribunal.
La suspensión de las votaciones municipales de 2020 por problemas técnicos es una sombra que planea sobre la organización del certamen.
