El caso del procurador general de la Corte Regional de Apelación de San Pedro de Macorís, a quien la Inspectoría del Ministerio Público pidió que se suspenda sin disfrute de sueldo, vuelve a colocar en la mira la labor de los representantes de la sociedad o jueces de la querella. Roberto Encarnación del Monte se habría excedido en sus atribuciones al disponer la libertad de dos personas, Luis y Víctor Méndez, mientras se encontraba de licencia.

Según la instancia dirigida a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, por el adjunto Juan Medina de los Santos, los favorecidos con la orden estaban detenidos en la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de San Pedro de Macorís.

El caso llama mucho la atención, no solo en el marco de la lucha contra la violencia machista sino sobre la fragilidad del sistema institucional.

El inspector Medina de los Santos estima que su colega Encarnación del Monte debe ser suspendido en lo que concluye la investigación. La procuradora Germán Brito no solo tiene la última palabra, sino un signo de alerta sobre el comportamiento de sus subordinados.