Leyes políticas

Actuando en calidad de jefe supremo del poder legislativo, el Comité Político deliberó y envió el proyecto de Ley de Partidos hacia un destino incierto.

La cacareada iniciativa se encuentra ahora en el limbo, un lugar en el que, conforme a la doctrina católica, reposan las almas de aquellos que mueren sin haber sido bautizados.

Cuando la vieja comedia parecía que tendría un final feliz vino el desacuerdo de sus autores: uno quería primarias abiertas y el otro cerradas.

No creo que nadie haya creído que, a pesar de sus magníficas actuaciones, los actores tenían la intención sincera de abrirle la puerta a la democracia interna y hacer trizas, cien años después, la conocida “Ley del círculo de hierro de las oligarquías de los partidos”, del sociólogo alemán, Robert Michels.

Desde que, en el año 2006, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se convirtió en hegemónico, con el control absoluto de los tres poderes clásicos del Estado y de los llamados extrapoderes, los intereses de sus élites han sido colocados, de una manera descarada, por encima de los de la nación.

En ese sentido, los peledeístas cambiaron, en los hechos, el artículo 76 de la Constitución Política, que dice: “El Poder Legislativo se ejerce en nombre del pueblo por el Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados”.

Como es bien sabido, el llamado primer poder del Estado, a pesar de no estar vinculado por un mandato imperativo, en lugar de actuar en nombre del pueblo lo hace en nombre del PLD, en sintonía con los dictados del Poder Ejecutivo y, en los casos más delicados, del Comité Político.

Esta es la razón por la que se dan el lujo de anunciar, sin guardar la más mínima apariencia, la decisión del CP de “dejar en libertad a sus legisladores para que tomen la decisión que estimen conveniente, en lo concerniente al proyecto de Ley de Partidos”.

¿Quién puede creer que un proyecto que no ha podido ser consensuado por los dos líderes del PLD ni los más de treinta miembros del Comité Político va a ser reintroducido y aprobado por el Congreso Nacional?
De ninguna manera se debe aceptar que ocho años después de la proclamación de la Reforma Constitucional que instituyó la democratización y la transparencia como un requisito para el funcionamiento de los partidos políticos, las referidas normas políticas no sean aprobadas para ser aplicadas en las elecciones del 2020.

La aprobación de la Ley de Partidos y la Orgánica del Régimen Electoral, con un óptimo contenido democrático, debe ser reclamada por toda la sociedad, para que se le dé cumplimiento a la Constitución y se ayude a mejorar la credibilidad del Sistema de Partidos.

Por ser las formaciones políticas las intermediarias, indispensables, entre el Estado y la sociedad, para la canalización de las demandas de los ciudadanos, a las organizaciones de la sociedad civil les asiste, legítimamente, el derecho de reclamar la aprobación de las referidas normas políticas, para garantizar la equidad e integridad de las elecciones y el funcionamiento democrático y transparente de los partidos.