Temas difíciles o acuciantes, cuyos abordajes han sido postergados perennemente, se remiten ahora al 2024, con tales niveles de deterioro o riesgos de agravamiento, que nuevas posposiciones causarían graves daños a la economía, institucionalidad y convivencia social.

El nuevo gobierno que resulte de las elecciones del próximo año, tendrá el inaplazable compromiso de diseñar, consensuar y aplicar una amplia reforma fiscal que conllevaría un incremento en la presión tributaria de 14.5 % hasta un 18 % del Producto Interno Bruto (PIB).

La mayoría de los organismos multilaterales advierten que sin una reforma fiscal que implique derogar subsidios, exoneraciones e incentivos, así como gravar con el Itebis a la mayoría bienes de consumo y de servicios, no sería posible garantizar sostenibilidad en el ingreso, gasto ni en el endeudamiento.

Aunque sobre el tema fiscalidad se abordaría en el segundo semestre de 2024, convendría que Gobierno, candidatos y partidos socialicen el asunto durante la campaña electoral, especialmente en los debates que se organizan y entre los encuentros entre aspirantes presidenciales con gremios empresariales.

La ausencia de un nuevo estatuto de fiscalidad pondría en riesgo los niveles de inversión, de crecimiento económico, incrementaría el déficit fiscal, el costo de la deuda pública y agravaría los niveles de pobreza.
Para 2024 quedaría la reforma al sector eléctrico, lo que implicaría disminuir sustancialmente el déficit operativo de las distribuidoras de electricidad, que en vez de descender, se incrementaron en 2023, así como conjurar o reducir los subsidios a consumidores corporativos, comerciales o familiares.

El diferendo con Haití, por la construcción ilegal de un canal de riego sobre el rio Masacre, debería resolverse antes de que arribe a Puerto Príncipe el primer contingente de policías y soldados kenianos, previsto para febrero, como forma de restablecer plena relación diplomática, comercial y consular con el vecino.

En esa larga lista temas pendientes figura la previsible apertura del mercado nacional a las exportaciones de arroz desde Estados Unidos, lo que representa grave desafío para la industria arrocera local, y la aprobación del nuevo Código Penal, engavetado en el Congreso por temor o conveniencia.