No afloran evidencias de que el mundo se acabaría o que República Dominicana sería borrada del mapa como consecuencia de la celebración el domingo de las primarias abiertas y cerradas para escoger candidatos a puestos electivos en los dos principales partidos del sistema político nacional.

Se tiene la certeza de que solo uno de los aspirantes obtendrá la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otro por el Revolucionario Moderno (PRM), porque un empate resultaría muy poco probable o casi imposible.

La Junta Central Electoral (JCE) ha prometido que un par de horas después de concluidas las votaciones estaría en condiciones de anunciar los candidatos ganadores en ambos partidos, por lo que realiza las diligencias necesarias para garantizar sufragios libres, transparentes y concurridos.

Convendría que los grupos que se disputan la candidatura presidencial exhiban suficiente voluntad política y cívica como para abordar y resolver cualquier tipo de diferencia respecto a la organización de las votaciones como garantía de que la voluntad de los electores sea respetada.

Lo sensato sería que Gobierno y partidosempleen los días por venir en despejar temores y humaredas sobre la falsa percepción de que el domingo sería el fin del mundo. La sociedad ha sido convocada a una fiesta de la democracia, que no tiene por qué terminar a rabazos.

Una multa no es un impuesto

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha hecho bien al permitir la renovación del marbete 2019, correspondiente al impuesto a la circulación, sin tomar en cuenta las multas de tránsito pendientes de pagar por los contribuyentes. El requisito es ilegal porque la ley no faculta a la DGII para que haga las veces de juez, fiscal o de agente de cobro de la Procuraduría General de la República, como sería si obliga al contribuyente a honrar cualquier tipo de sanción pecuniaria como condición para recibir el pago de un impuesto.

Una multa no es un gravamen, es una penalidad impuesta a un infractor de la Ley de Tránsito, que puede ser recurrida ante los tribunales correspondientes, lo que nada tiene que ver con el pago de impuesto a la circulación de vehículos.