La decisión del Tribunal Constitucional de Venezuela de declarar ilegal la amnistía para los presos políticos aprobada por el Parlamento no ha constituido ninguna sorpresa.

Controlado por el Ejecutivo la sentencia de la alta corte se veía venir desde que el presidente Nicolás Maduro se opuso a la ley, pero, para guardar las apariencias, dejó el veredicto en manos de los jueces. La verdad es que por más que trate de disfrazarse con un ropaje constitucional, la decisión, para colmo evacuada a unanimidad, será más política que jurídica.

Tras la derrota en que perdió el control de la Asamblea Nacional, el Gobierno se aseguró el control de los tribunales para bloquear leyes como la de amnistía, que tienen en el líder opositor Leopoldo López uno de sus principales beneficiados.

En un juicio que fue denunciado como una treta, López fue condenado a 14 años de prisión por supuesta incitación a la violencia. La decisión del Constitucional avivará más una crisis que está al borde del estallido social.