En aras de la transparencia corresponderá al Congreso no sólo divulgar la renegociación del contrato que anunció el presidente Luis Abinader con la firma Aerodom, sino propiciar la más amplia discusión del convenio en defensa del interés nacional. El mandatario optó, como manda la ley, por remitir el acuerdo a la Cámara de Diputados, cuyo titular Alfedo Pacheco adelantó que desde hoy comenzarán a escucharse opiniones.

Por más que pueda convenir al interés de la nación la mejoría del servicio aeroportuario y el incremento de los beneficios el convenio no puede imponerse ni festinarse. Máxime cuando un sector importante de la sociedad representada por la oposición política ha alegado que el arreglo que prolonga desde 2030 hasta 2060 la concesión de los aeropuertos es inconstitucional.

No basta con que se diga que ha sido lo mejor para dar como buena y válida la renegociación de un contrato que desde que se suscribió por primera en 1999 ha dado siempre de que hablar. El primer convenio concedía la operación de los aeropuertos Las Américas, Gregorio Luperón, María Montez y Arroyo Barril por un período de 20 años al consorcio Aerodom.

El convenio comprometía a la firma a realizar una inversión de 203 millones de dólares en un cronograma de tres años. También establecía que la concesionaria debía mantener un nivel óptimo de calidad en la prestación de servicios. Hasta antes de la actual renegociación el acuerdo fue modificado en dos ocasiones para agregar la administración de los aeropuertos de El Catey y El Higüero, además de prolongar la concesión hasta 2030.

Esta vez el presidente Abinader indicó que la renegociación garantiza ingresos e inversiones entre los 1,905 y 2,155 millones de dólares, con un adelanto de 775 millones de dólares que el Gobierno utilizará para la construcción de obras. El mandatario alegó que la concesión no representaba las mejores condiciones en las infraestructuras de los aeropuertos.

No solo por el revuelo causado en la oposición, que tilda el contrato de traje a la medida para el Gobierno, sino en aras de la transparencia los legisladores tienen que asumir su compromiso de desechar ambiciones particulares en aras del interés nacional. No está demás recordar que tienen que escucharse todas las opiniones.