Trata de personas

El tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, son infracciones primas hermanas, las cuales tienen una sanción igual de 10 años de reclusión y una máxima de 15, este último castigo que puede tener una adición de 5 años, cuando concurren circunstancias agravantes. Ambos hechos punitivos están creciendo vertiginosamente en el país.
Por la gravedad de esas acciones, es necesario frenar su auge, persiguiendo a los agentes de tales crímenes, aplicándole todo el peso de la ley 137-03.Y es justo aplaudir un plan que ejecutan la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores, para combatir este flagelo que afecta a muchas niñas, niños y adolescentes, que son confinados en establecimientos y explotados sexualmente.
El año pasado un total de 60 personas, fueron apresadas y sometidas a la justicia por practicar proxenetismo, y se ignoran el contenido de las sentencias de los tribunales, lo que motiva preocupación en los altos mandos militares, puesto que muchos infractores obtienen su libertad con facilidad.
La ciudadanía y los sectores preocupados por un mejor país, deben saber con claridad la tipificación de la infracción de trata de personas. Y al efecto, la normativa la define como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, a la fuerza, a la coacción, al engaño contra ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad.
Aunque la práctica se ha extendido a inmigrantes venezolanas y colombianos el problema se agudiza cuando se aborda el flujo de haitianos ilegales que utilizan niños para pedir dinero en distintas vías públicas en Santiago y el Gran Santo Domingo. Las madres de esos infantes tienen que rendir cuentas a sus connacionales responsables de esa práctica malsana.
Mientras se actúe con una política blandengue, los haitianos estarán en la cima de los indocumentados que cometen transgresiones a la norma que prescribe y sanciona el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, pues la población de ilegales del vecino país, se calcula en más de dos millones, una cantidad difícil de controlar, debido a que el problema