Una jueza del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a Yokeiry Coronado De La Cruz y su pareja, Jeider Montero Medina, imputados por la muerte de una niña de 7 años ocurrida el pasado 16 de agosto en el sector Los Guandules.

La medida de coerción fue dictada tras la presentación de diversas evidencias por parte del Ministerio Público, representado por el fiscal Carlos Vidal, encargado del Departamento de Litigación Inicial del Distrito Nacional. La jueza Fátima Veloz acogió de manera preliminar la calificación jurídica de los hechos, que incluye actos de tortura y barbarie, maltrato contra menores de edad y homicidio.

La pareja deberá cumplir la medida en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Mujeres y Najayo Hombres, en San Cristóbal.

De acuerdo con la solicitud de medida presentada por la procuradora fiscal Topacio Milagro Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidio), los hechos se produjeron durante los meses de julio y agosto de este año, periodo en el que Yokeiry Coronado De La Cruz sometió a la niña a actos de maltrato. Montero Medina, teniendo conocimiento de la situación, no denunció los abusos, lo que culminó en el fallecimiento de la menor.

Puedes leer: Abuela de niña brutalmente asesinada en Los Guandules exige justicia

El 16 de agosto, alrededor de las 6:30 de la tarde, la imputada solicitó la presencia de sus familiares, Alejandrina Rodríguez Polanco y María Polanco De La Cruz, debido a que la niña presentaba convulsiones. Al llegar a la residencia, ubicada en la calle Respaldo Eugenio Perdomo, Rodríguez Polanco contactó al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, informando que la menor estaba inconsciente.

Posteriormente, una médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó su fallecimiento, atribuyendo la causa a un cuadro de maltrato reiterado, según consta en el Acta de Levantamiento de Cadáver No. 0100959.

La versión ofrecida por Yokeiry Coronado De La Cruz sobre la muerte de la niña no coincidió con los hallazgos forenses, lo que derivó en su arresto junto a Montero Medina, por incumplir el deber de cuidado y protección de la menor.

La jueza Fátima Veloz fijó para el 20 de noviembre la revisión obligatoria de la medida a cargo del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.