La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha excluido a República Dominicana de la lista negra en que la había incluido el año pasado al acusarla de persistir en discriminación racial estructural contra personas de ascendencia haitiana, una infamia que ese organismo se ha dignado en rectificar.

Después de haber acusado a las autoridades dominicanas de despojo de nacionalidad, deportaciones, expulsiones colectivas discriminatorias, esa Comisión reconoce los esfuerzos del Gobierno por mejorar la situación de miles de personas en condición migratoria irregular.

El canciller Miguel Vargas Maldonado ha dicho que la exclusión del país del Capítulo IV de la CIDH, que incluye a naciones que violentan o restringen derechos humanos, se alcanzó con estricto apego a la Constitución, las leyes y la soberanía nacional, indicativo de que tales acusaciones forman parte de la campana de descrédito contra República Dominicana.

En su Informe Anual 2017, la CIDH reconoce los avances logrados por el país en materia de derechos humanos y el compromiso de su Gobierno de continuar trabajando en desafíos pendientes, lo que constituye un claro reconocimiento a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional como punto de partida para el ordenamiento jurídico del tema migratorio.

Lo que debe proclamarse con toda firmeza es que República Dominicana nunca debió ser incluida en esa lista negra porque no ha violentado derechos humanos de nacionales o extranjeros ni ha promovido apatridia ni impulsado políticas migratorias discriminatorias.

En su nuevo informe, esa entidad reconoce “la buena disposición y confianza de la sociedad civil dominicana” en compartir con la Comisión “su visión en torno al tema migratorio y de nacionalidad”, por lo que sería prudente que ahora acojan en todas sus partes la rectificación que ha hecho ese gendarme.

Que no se diga que esa Comisión, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha admitido implícitamente que se equivocó al incluir al país en una lista negra de países violadores de derechos humanos, solo porque en dos meses sesionará en Santo Domingo, porque la sede para ese reunión fue solicitada por el Gobierno como demostración de que aquí no se promueven formas de discriminación racial ni de apatridia.

La rectificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su burda decisión de colocar a República Dominicana en una lista infame y degradante se recibe como un triunfo de la verdad y la razón, aunque se aconseja no descuidar las líneas de defensa de la integridad nacional que intereses extranjeros y locales pretenden erosionar.