El Tribunal Superior Administrativo ordenó ayer a la Oficina de Defensa Pública el cese de la persecución e investigación disciplinaria en contra de los defensores públicos porque realicen huelgas en reclamo de reivindicaciones.
La decisión, dictada por los jueces Román Berroa Hiciano, Vanessa Acosta Peralta y Mery Laine Collado Tactuk, es producto de un recurso de amparo interpuesto por la Asociación de Defensores Públicos ante una supuesta persecución emprendida por la directora de la Defensoría Pública contra ellos.
La sentencia 030-02-2018 SEEN-00146 del Tribunal Superior Administrativo reconoce el derecho que tienen los defensores públicos a exigir un salario digno y mejores condiciones de vida.
El secretario general de la Asociación Dominicana de Defensores Públicos, Robinson Reyes, dijo que el Tribunal Superior Administrativo reconoció la violación a derechos fundamentales cometido por Hernández.
Reyes manifestó que a partir de la huelga de diciembre, más de veinte defensores públicos fueron sometidos a juicio disciplinario por Laura Hernández y sus coordinadores, acusándolos de faltar a su trabajo, porque reclamaron de manera pública mejoras en sus salarios.
“Enarbolando el discurso por un salario digno, los defensores públicos exigían tanto para ellos como para los demás empleados de la institución un incremento salarial de 50 por ciento, tales acciones fueron vistas por la dirección de la Defensa Pública como una falta grave, lo cual originó de manera inmendiata una cacería de brujas, con juicios disciplinarios en contra de los reclamantes”, narró Reyes.
La sentencia exige “el cese de las persecuciones e investigaciones disciplinarias”, en contra de los defensores públicos.
